Este es un gobierno de ley y orden. Esa frase, corta y sencilla, es utilizada por los Gobiernos para exigir el cumplimiento de las normas sociales bautizadas con la bendición de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Y con ella invoca al cumplimiento de esas normas o, de lo contrario, la aplicación de las sanciones correspondientes. Sin embargo, aquello de la “ley y el orden” parece hoy una pantomima; un simulacro, corroída en parte por el desdén de las instituciones oficiales que, en lugar de predicar con el ejemplo, optan por la abierta violación a las leyes sin que parezca haber consecuencias.
El caso más reciente es el de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, en primer lugar, con el contrato que se le extendió al nuevo director ejecutivo de la corporación, Walter Higgins. Según ha trascendido, el señor Higgins firmó para recibir una compensación de $450 mil al año, pero que, además, incluye un bono de productividad. No obstante, además de la polémica por la abultada compensación del funcionario (que se da en medio del discurso de austeridad que impera al hablar de otros sectores) la bonificación del funcionario merece especial atención. Y ha sido la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, la que se ha encargado de poner el dedo en la llaga sobre un issue que parecía olvidado. Sucede que, según se concluye tras leer la carta que la funcionaria envió al presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ernesto Sgroi, el bono de Higgins es ilegal. Reza la carta que la Ley 66 de 2013 establece que “ningún contrato de empleo ni de servicios profesionales con cualesquiera agencia, corporación o instrumentalidad pública podrá acordar, adjudicar, autorizar, contratar, ordenar, pagar o de alguna forma conceder a algún contratista o funcionario cualquier remuneración o bono por concepto de productividad”. Pero a pesar de que la ley lo hace claro, y de la advertencia de Vázquez, hace más de una semana, el bono —ilegal por definición— sigue vigente. Lo contrario sería un secreto bien guardado. ¿Cómo es posible que el Gobierno central y la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica concedieran un contrato que incluye una compensación ilegal? Si la respuesta es el descuido o el desconocimiento de las leyes (que para nada justifica su violación), entonces, ¿cómo es que el Gobierno central y la Junta de Gobierno no solo guardan silencio sobre la ilegalidad de la bonificación, sino que, en abierta indiferencia a las leyes, ignoran el asunto y, como consecuencia, el bono sigue vigente? Así, como al que le importan poco la “ley y orden”.
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A lo anterior sume el hecho de que el puesto de “representante del consumidor” continúa vacante porque la oficialidad no ha movido un dedo para llenar el espacio. Así, mientras el DACO arrastra los pies y no toca el asunto ni con una vara larga, Energía Eléctrica sigue obviando las normas y negándoles a los consumidores su derecho a estar representados en el interior de la Junta. Sobre el primero de los asuntos, Justicia ha dado un primer e importante paso para advertir sobre la violación de leyes locales. Pero si los aludidos siguen ignorando, de manera intencional, el cumplimiento de la ley, entonces Justicia debe perseguir en los tribunales la validación de las normas. Hacerlo ya es urgente, porque, a la hora de hacer valer las leyes, para el Gobierno es preciso predicar con el ejemplo.
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