Tanta bravura en el Capitolio para nada. Al final prevalecieron el gobernador Ricardo Rosselló y la Junta Fiscal.
Ayer el Senado bajó por descargue el proyecto de administración para derogar la Ley 80 de 1976, que permite la indemnización de los trabajadores que sean despedidos sin justa causa. El descargue ocurrió sin previo aviso. Ocurrió, además, luego de una semana y media de amenazas de que la medida no pasaría por el alto cuerpo legislativo. Se dijo que tan siquiera sería radicado por ningún senador del PNP. Pues ocurrió todo lo contrario. Se radicó con la misma firma del presidente senatorial y bajó a la consideración de los senadores antes de que ocurriera en la Cámara, donde el bloque de la mayoría parecía estar más aliado al gobernador en este tema.
La medida bajó con una enmienda de Rivera Schatz para que la aplicación de la ley sea prospectiva a las contrataciones que ocurran posterior a su vigencia y no para las actuales relaciones contractuales en el campo laboral.
“¡Na!”, se escuchó decir a Thomas Rivera Schatz cuando se le preguntó esta misma semana si cedería ante las presiones de La Fortaleza y la Junta Fiscal. Antes había dicho que con él no contaran, que no la aprobarían a ciegas y que no la bajarían a votación sin evidencia sobre el impacto económico que proyectan los proponentes. Ayer el proyecto se bajó a votación y se aprobó.
Sobre la enmienda, la pregunta debe ser una: si la derogación de la Ley 80 era nefasta para los trabajadores actuales, ¿por qué castigar a quienes se inserten en enero de 2019 al campo laboral? Dice el refrán que lo que es bueno para unos tiene que ser bueno para todos. Políticamente, Rivera Schatz podría estar buscando una solución salomónica protegiéndose ante sus electores que trabajan actualmente y, al mismo tiempo, evitar que Rosselló pase la “pachotá” con un cantazo por parte de la jueza Swain, quien podría reconocer la supremacía de la Junta Fiscal ante el inevitable caso judicial que provocará el abortar el pacto firmado hace dos fines de semana en La Fortaleza. Claro, podría estar ocurriendo todo lo contrario. Ese escenario alterno ubica a Rivera Schatz sabiendo que la medida aprobada ayer abortará el acuerdo, y eso llevará a Rosselló directito al tribunal federal. En ese escenario alterno, con lo que no cuenta Schatz es que la Junta podría aceptar ese proyecto enmendado con tal de no darle más vueltas a la noria. A fin de cuentas, los patronos tienen alternativas para reorganizarse y buscar tener una plantilla laboral a la cual le aplique el nuevo esquema legal.
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El proyecto ahora se dirige a la Cámara, donde el bloque mayoritario siempre ha estado comprometido con aprobar a ciegas la derogación de la ley. La Cámara es la última esperanza que tiene la Junta para buscar lo que ellos quieren, eliminar la ley y punto. En todo caso, que el Senado se mantenga en la posición asumida ayer y no cambien de nuevo de dirección, la Junta tendrá que conformarse con lo que hay o ir al tribunal. Este último escenario, aunque sería bueno para descorrer el velo de la Ley PROMESA y que el tribunal diga quién manda en Puerto Rico, lo cual descorazonaría a muchos en el poder colonial —estadolibristas y estadistas—, tendría el efecto negativo de retrasar el proceso legal para la reestructuración de la deuda, que es la génesis de toda nuestra situación.
Ha dicho la administración que el acuerdo fue para proteger los días por enfermedad y vacaciones, así como el bono de Navidad, que ahora se llamará “estipendio”. Ayer en el documento del acuerdo publicado por el gobernador Rosselló se da cuenta de que el compromiso es mantener el bono por los cinco años que cubre el plan fiscal. Nada quita que, como se hiciera ayer, se apruebe en el futuro legislación para eliminar el bono con una fecha prospectiva al 2023.
Otra pregunta válida es si la Legislatura habrá actuado así para asegurar su propio presupuesto y evitar el recorte que, originalmente, había recomendado la Junta. Ese recorte lo eliminó Rosselló en su acuerdo con Carrión.
Muchas preguntas, pocas respuestas por ahora. Lo que sí sabemos es que no hay que impresionarse mucho por la bravura de algunos legisladores. Siempre termina aguada.