En su propósito, quizá bien intencionado, pero definitivamente mal concebido, por proteger a “los más vulnerables”, el Gobierno se corre el riesgo de ahuyentar a quienes trabajan, producen y emprenden en Puerto Rico. El cálculo electorero del gobernador y su equipo enfrenta al pensionado contra el empresario, y al trabajador del sector público contra el del sector privado. Dividir nuestra sociedad para conquistar el poder político es lo contrario a lo que le hace falta al país en esta coyuntura histórica. El momento requiere que entendamos las interdependencias entre los diversos actores en nuestra economía y que elevemos a quienes tienen la juventud, iniciativa, capacidad y ánimo para producir, y así cimentar un sistema que pueda de manera autosuficiente, sustentable y sostenida proveer para quienes menos tienen.
Lo primero, entender las interdependencias es lo más sencillo, en teoría, pero en la práctica nos obliga a ceder ante las necesidades de otros y, por tanto, nos resulta difícil. Es muy fácil caer en los estribillos, tanto los de un polo como los del otro: “que la crisis la paguen los ricos” o “los pobres son unos mantenidos”. La solución a largo plazo, sin embargo, no se encuentra en las posturas políticas divisorias; se centra en crear una economía próspera que genere valor y riqueza, y que, de esa actividad, el Gobierno tome una tajada razonable que, bien invertida, nos permita proveer para los más pobres, para los marginados, para los viejos y para las personas con diversidad funcional. Sin esa economía próspera, que reconozca y recompense la aportación de quienes producen, resulta imposible financiar lo segundo, salvo que nuestra única aspiración como pueblo, bajo cualquiera de las alternativas de estatus, sea el recibir dádivas de Estados Unidos.
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Lo segundo, promover la productividad y la excelencia, requiere de visión y voluntad política. En las pasadas semanas, hemos visto como el gobernador ha optado por el juego político, no por el liderazgo de un hombre de Estado. Hizo la suma y la resta, y concluyó que, habiendo pocos casos en los tribunales de Ley 80, la ley que protege contra un despido injustificado a cientos de miles de trabajadores de la empresa privada, el costo electoral de derogarla sería bajo, máxime si a cambio de esta claudicación lograba “salvar”, aunque fuera por solo un año más, el bono de Navidad y las pensiones en el sector público.
Lo que no se considera en ese análisis es que el número reducido de casos es muestra precisamente del éxito de la ley: evita los despidos injustificados. Levantar esa protección hará más vulnerables a quienes hoy trabajan y pagan contribuciones al erario, y fomentará que, una vez pierdan sus empleos, busquen ser productivos en uno de los 50 estados. Promueve, además, una lucha de clases; muchos concluirán que no habrá permanencia en el sector privado para que los empleados del Gobierno mantengan sus privilegios, alimentando así la animosidad y la falta de comprensión entre puertorriqueños.
De igual forma, lo que se conoce hasta ahora de la reforma contributiva pretende darles beneficios a unos a costa de quienes intentan emprender. Irónico, pues ante la falta de seguridad de empleo, como resultado de la reforma laboral del año pasado, y ahora con la eliminación de la Ley 80, uno pensaría que el Gobierno promovería el empresarismo como la alternativa a ser empleado. En cambio, el secretario auxiliar de rentas internas, Francisco Parés, le dijo a El Nuevo Día, en un artículo publicado el 29 de abril, que los supuestos alivios para unos se financiarían con aumentos a quienes trabajan por cuenta propia —abogados y médicos algunos, pero también conductores de Uber, emprendedores, artistas gráficos y otros— y a las pequeñas y medianas empresas. “Para los individuos afectados [que trabajan por cuenta propia], el alza promedio en contribuciones será de $3,900, mientras que para las Pymes se estimó en $4,500”, reportó el rotativo.
Al final del día, tanto la eliminación de la Ley 80, como los aumentos para empresarios emergentes y pequeños negocios, castigan a quienes están tratando de echar pa’ lante, particularmente a los jóvenes. Penalizar aquí el éxito, al que toma riesgos, al que busca generar actividad económica nueva, al que quiere trabajar con dignidad y esfuerzo, al que tiene las ganas y el poder de emprender, solo sirve para echar gente buena del país. Hay muchos lugares en el mundo donde los recibirán con brazos abiertos. Hacerles la vida imposible, so color de acuerdos con la Junta y de pretender protegerle las habichuelas a unos poniéndoselas en peligro a otros, es jugar a la política más baja y es hacerle daño a Puerto Rico.
