El poder corrompe. Esta es una expresión que hemos escuchado una y otra vez. En el refranero popular se señala de forma simple: si quieres saber quién realmente es alguien, dale poder y verás.
El abuso de poder es algo que vemos con frecuencia en la esfera política y gubernamental. Se trata de personas que se transforman al ocupar posiciones de dirección y, desde ese momento, sus acciones se convierten en faenas dictatoriales, déspotas, abusivas, aplastantes. Para esas personas, la ecuación es sencilla: estás con ellos o contra ellos.
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Eso es, justamente, lo que muestra el caso de la exsubsecretaria de la Gobernación, Itza García, a juzgar por las declaraciones emitidas la pasada semana por la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, al compartir el resultado de su investigación en torno al caso del sonado chat de WhatsApp.
Hoy todo el país sabe quién es realmente García. Una joven abogada militante del partido de gobierno, ebria de poder, fiel acólita del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y quien fuera la encargada de coordinar la plataforma de gobierno que se conoció como el Plan para Puerto Rico.
Una vez juramentado como gobernador, Rosselló Nevares nombró a García a la posición de subsecretaria de la Gobernación y, desde ese momento, se conocía que ella era la designada a velar porque los jefes de agencia cumplieran al pie de la letra las promesas de gobierno que se establecían en el plan.
No es una tarea sencilla. Esos son cargos que terminan convirtiendo a los funcionarios en verdugos del mandatario. Y, al parecer, ella cumplía bien ese rol. Pero la gloria le duró poco tiempo.
Su primera sacudida llegó con el nombramiento del hoy exjuez Rafael Ramos Sáenz como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Entonces, una secuela de indiscreciones develó que, tras esa designación, había gato encerrado.
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Poco tiempo después conocimos cómo las artimañas de García habían provocado que se revelara un escandaloso incidente de abuso de poder en las altas esferas del Gobierno. Varios fragmentos de esa lamentable historia muestran las tretas empleadas por la exfuncionaria para colocar en posiciones de poder a uno de sus fieles colaboradores, obviando el principio básico que debe regir en la administración pública: la capacidad intelectual y los méritos del nominado.
Los detalles de esa historia se construyen en los intercambios que, como hemos conocido, quedaron grabados en los mensajes que se intercambiaron en varios chats de la red social WhatsApp. Los más dramáticos fueron los comentarios, aplausos y reconocimientos que García y los demás confirieron a los trucos del exjuez Ramos Sáenz para adjudicar votos de electores encamados en el proceso electoral de noviembre de 2016.
Por esas hazañas, Ramos Sáenz fue premiado, primero con un ascenso a juez superior y luego como presidente de la CEE. Aunque no se haya probado aún, nadie duda de que García impulsó los ascensos.
Pero lo peor de todo lo revelado hasta el momento es la pretensión que se le atribuye a la hoy exfuncionaria de La Fortaleza de intervenir en la investigación del Departamento de Justicia y, bajo amenazas e intimidaciones, intentar torcer el resultado a su favor.
Tristemente, lo que se muestra en este caso es la extralimitación de una joven abogada en el desempeño de sus funciones públicas. García, quien fue la cabecilla del Plan para Puerto Rico, terminó muy pronto enferma de poder.
Tengamos claro que pretender detener una investigación no es un asunto simple. Por fortuna, la secretaria de Justicia no se dejó amilanar y la pesquisa realizada por su Departamento concluyó con irrefutables señalamientos, de forma convincente, imprimiéndole méritos de honra a esa institución. Pronto conoceremos el desenlace de este terrible capítulo de la gestión pública cuando termine el proceso investigativo en la Oficina del Fiscal Especial Independiente.
Sin embargo, el caso de García no es único en su clase. Como ellas, hay muchos funcionarios públicos electos y designados que han transitado, o transitan actualmente, por las estructuras gubernamentales pensando que sus posiciones les dan mano libre para emprender actuaciones despóticas, utilizando el Gobierno como un tablero de ajedrez donde las fichas se acomodan a su antojo. Son acciones impropias que deshonran el servicio público y que toda la ciudadanía debe condenar, venga de quien venga.
Mientras, los funcionarios que obran así deben saber que, tarde o temprano, caerán. Quienes creen en las cartas cósmicas de retribución lo llaman la ley del karma.
