Durante mis años universitarios, aprendí la historia de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras del mundo. Comprendí, en primera instancia, que se trataba de reconocer a los mártires que lucharon por mejores condiciones de trabajo, que batallaban a favor de ocho horas de trabajo diario, que se trataba una lucha por la dignidad de la clase trabajadora. Anualmente, el Primero de Mayo salen a la calle millones de personas alrededor del mundo para reclamar justicia social. Esa conmemoración, con los años se ha ampliado en un día de reivindicaciones sociales y económicas. Puerto Rico no fue la excepción. El pasado martes las calles y las avenidas en diversas partes del país se llenaron de gente reclamando diversos asuntos.
El reclamo de las uniones obreras sobre sus condiciones de trabajo, la privatización de sus centros de empleo —en particular la AEE— y la oposición a la segunda reforma laboral bajo esta administración. Las maestras, los maestros, las madres, diversas organizaciones magisteriales en oposición a la reforma educativa, los pensionados rechazando las rebajas a sus pensiones, los universitarios en defensa de la universidad y la pretensión del Gobierno de destruirla.
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De igual forma, marchamos organizaciones políticas que no solo nos hacemos eco de todos esos reclamos, sino que, además, rechazamos la imposición de la Junta de Control Fiscal, gestor y motor maléfico de todos los golpes a la clase trabajadora y al país. Un inmenso grupo de militantes del PIP marchando en rechazo al más claro ejemplo de nuestro problema fundamental, que es nuestra condición colonial —que permite la existencia de la Junta— instrumento y agencia de cobro de las empresas de bonistas. Por ello, una de las pancartas con la que marchamos le recordaba al país: “Ni un vaso de agua para la Junta”.
Esa Junta, que utilizó una vez más al Gobierno y a la Policía como instituciones para provocar, obstaculizar, reprimir, violentar derechos humanos y civiles tan básicos como caminar por las calles del país. De perseguir a estudiantes por sus comunidades y hospedajes, e incluso arrestarlos y mantenerlos encarcelados por largas horas. Sigue siendo lo que por décadas hemos planteado, la criminalización de las ideas, del cuestionamiento, de la disidencia.
Una vez más, se reafirman los graves problemas institucionales que tiene la Policía, la llamada reforma sigue siendo una quimera, no existe voluntad política del Gobierno para reformar genuinamente la uniformada. Incluso, uno de los principales obstáculos actualmente es quien la dirige, que, con su enfoque punitivo y represivo demuestra y manifiesta el más vil prejuicio y desprecio a todos los que cuestionamos múltiples acciones del Gobierno, incluyendo el sistema colonial en que vivimos. El Primero de Mayo caminamos mientras una muralla de policías vigilaba nuestro paso. Era una especie de recordatorio de que podíamos caminar y protestar, no porque era nuestro derecho, sino porque ellos nos lo permitían.
Para completar el día, la funesta intervención de la Policía en la histórica comunidad de Santa Rita en Río Piedras, comunidad de gente trabajadora y que, por décadas, ha recibido a miles de universitarios, terminó con el arresto de varios jóvenes, entre ellos dos jóvenes militantes del PIP, a quienes conozco desde que nacieron, y su madre y su padre, además de militantes, me honran con su amistad. Como es natural, nuestra respuesta institucional fue de solidaridad, de denuncia y de apoyo.
Los cuestionamientos al Gobierno, el rechazo contundente a la Junta, la denuncia al sistema colonial y el trabajo constante por la independencia continúan. Hoy más que nunca: ¡A la Lucha y a la Victoria!
