Martes, primero de mayo.
Seguro que, al leer estas líneas, se encuentra usted en uno de varios posibles escenarios. Tal vez está en su casa, café en mano, sin certeza sobre si acudirá o no a las actividades convocadas, principalmente, en repudio a las políticas establecidas por la Junta de Control Fiscal. Tal vez ha descartado acudir, espantado por las imágenes del final de la manifestación del año pasado en esta misma fecha. O Por lo contrario, está alistándose para tirarse a la calle, convencido de que su lugar es allí, con el resto de los afectados por las medidas impulsadas por la junta nombrada por el Congreso de los Estados Unidos. Tal vez cree que las medidas impulsadas por la junta no le impactarán, pero participará movido por la solidaridad.
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Sea cual sea su realidad hoy, urge que sus acciones —o la ausencia de ellas— no sean movidas por la apatía y la desinformación. Ante los grandes retos que enfrenta el país, hoy más que nunca, Puerto Rico precisa ciudadanos informados, alertas y, si es necesario, combativos cuando se trate del futuro de la isla. La coyuntura exige hechos, de ser posible, provistos por expertos. Precisamente, en ese ánimo y en medio del mar de opiniones con las que nos topamos a diario, llama poderosamente la atención el aparente consenso de expertos en economía, quienes parecen concluir que las medidas de la Junta Fiscal nos llevan directo al precipicio. Ese consenso me sorprende, sobre todo porque se da en el país de la falta de consensos. Ese en el que la norma es obviar los puntos comunes para concentrarse en lo que nos separa. Por eso, la sentencia colectiva de los expertos —locales (como la Asociación de Economistas, el Centro para la nueva economía, Carlos Colón de Armas, Rosario Rivera, José Alameda…) y extranjeros (el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz) tiene la virtud de ser contundente y, de paso, llevarnos a cuestionar los pasos adoptados como política por parte de ese ente federal. Por eso, hoy conviene lanzar algunas preguntas.
¿Quién se beneficiará de las medidas que pretende impulsar la Junta? ¿Seremos nosotros?
¿Cuáles son las teorías económicas que respaldan la insistencia en una política de recortes? ¿Cuál de las medidas de austeridad que han aplicado los Gobiernos recientes sobre los ciudadanos ha cumplido su promesa de enderezar las finanzas del Estado? Si la respuesta es ninguna, entonces, ¿por qué debemos aceptar a ojos cerrados la teoría de que nuevos recortes e impuestos sobre los ciudadanos son necesarios? Las opiniones sobre la legitimidad de la Junta son diversas. Para muchos, se trata de un mal inevitable y “merecido” por causa de los malos manejos de los Gobiernos de los pasados treinta años. Para otros, se trata de un organismo ilegítimo, impuesto y dictatorial.. Pero, independientemente del bando en que usted se ubique, resulta preciso preguntarse si se le exige a los Gobiernos de turno que sustenten con evidencia empírica sus determinaciones de política publica, ¿por qué no debe exigirse la misma rigurosidad a los integrantes de una Junta Fiscal, que tiene a su disposición millones de dólares del pueblo puertorriqueño para procurarse todo el rigor necesario? ¿Debe aceptar el pueblo —así, como inmóvil y amordazado— las determinaciones no sustentadas de un organismo no electo? En lo que a mi respecta, no me gustan los “porque sí”. Los cuestionamientos y la búsqueda de respuestas es parte de la naturaleza de mi trabajo. Pero —cuando se trata del futuro de todos— preguntar, indagar y cuestionar debe ser responsabilidad de todos los ciudadanos que tengan como norte el bien del lugar al que llaman casa. Así que a cuestionar. A exigir respuestas y, si en definitiva, lo que escucha no contesta sus dudas, siga preguntando. Insista, proteste. Después de todo, hacerlo es uno de los pilares mismos de cualquier sociedad que aspire a llamarse democrática. Renunciar a esa posibilidad no puede ser negociable.
