Los mayordomos del imperio insisten en esclavizar a los puertorriqueños en pleno siglo XXI. La propuesta de reforma laboral contenida en un borrador de proyecto de ley presentado por la Junta de Control Fiscal arrebata derechos y protecciones a los trabajadores.
Estas fieras insaciables pretenden derogar la Ley del Bono de Navidad, lo cual empobrecerá aún más a los trabajadores. Quieren reducir más los días por enfermedad y vacaciones en menoscabo a la calidad de vida y salud de los trabajadores. También intentan eliminar Ley 80, que brinda un mínimo de protección e indemnización por despido injustificado, destruyendo así más de 40 años de vigencia del referido estatuto y viabilizando el despido sin ningún tipo de compensación, meramente porque esa es la norma en los estados de la unión americana, único referente para la Junta. Como si fuera poco, resulta alarmante, sorpresivo e indignante que incluyan en su propuesta de “reforma” una enmienda a la Ley 115 —conocida comúnmente como la ley del whistleblower— cuyo único propósito es disminuir el alcance de la protección y la compensación conferidas a empleados que denuncien posibles violaciones de ley por parte de sus patronos.
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Ante las expresiones públicas del gobernador y miembros de la mayoría parlamentaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) en repudio a varias de las últimas propuestas de la Junta de Control Fiscal, presenté en la Cámara, y el compañero Juan Dalmau Ramírez, en el Senado, cuatro resoluciones conjuntas para hacer frente al ente de control federal y evitar así más atropellos contra trabajadores, pensionados, universitarios y ciudadanos en general. El gobernador y la Legislatura deben revestir con fuerza de ley sus expresiones de rechazo a las propuestas de la Junta para reducir las pensiones de los retirados, aumentar los costos de matrícula en la Universidad de Puerto Rico, eliminar el bono de Navidad, elevar la tarifa de los peajes y reducir la aportación gubernamental a los planes médicos de los empleados públicos, al aprobar las resoluciones conjuntas radicadas.
La RCC 319 y RCS 233 ordenan a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que no imponga el alza en los costos de matrícula ni el cierre o consolidación de recintos, así como ninguna otra recomendación, medida, plan fiscal o directriz generada por la Junta, que trastoque el costo per cápita de los servicios educativos, los derechos adquiridos del personal docente, personal no docente o de los estudiantes, la oferta y la programación académicas o sociales de la institución o cualquier otro asunto inherente a la Universidad. La RCC 318 y RCS 234 tienen el fin de ordenar al secretario de Transportación y Obras Públicas de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico que no imponga, autorice o permita aumentos en el cobro de peajes.
Como he postulado anteriormente, la Junta de Control no es más que un síntoma y una manifestación de la colonia, producto del modelo político de subordinación impuesto por EE. UU. sobre Puerto Rico. Ante esa realidad política, la única respuesta digna y efectiva es la confrontación directa a la Junta mediante el rechazo contundente a sus pretensiones —como plasmé en la resolución concurrente 64 que radiqué en febrero— de imponer una nueva reforma laboral, el desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico y llevar a la precariedad a los pensionados y al pueblo en general. Ahora corresponde al Gobierno y a la Asamblea Legislativa poner la acción donde han puesto la palabra.
