Cada cuatrienio suenan propuestas para enmendar la Constitución de Puerto Rico.
Esta misma semana, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, expresó su interés por elevar a rango constitucional la autonomía municipal. Por deseable que pueda ser esta iniciativa, el problema con los cambios por partes y paulatinos es que no consideran el sistema como un todo. Modificar la manera en que los ayuntamientos interactúan con el nivel central tendrá repercusiones insospechadas en otros aspectos del quehacer público. Más aún, las alteraciones graduales no atienden la raíz de los retos que enfrentamos como país, muchos de los cuales son producto de un Gobierno anquilosado y anacrónico, alejado de su soberano —el pueblo—, y que desconfía del ciudadano. Hace falta crear instituciones —radicalmente distintas— por la vía constitucional, que le devuelvan a la gente el poder sobre su destino.
La Constitución actual —vanguardista y, como decimos los abogados, de factura más ancha que la de EE. UU.— es, a pesar de sus bondades, producto de su época y de la falibilidad humana. Promover su perfeccionamiento no es faltarles el respeto a quienes la forjaron; es honrar su memoria. Los constituyentes consideraron la posibilidad de que, en el futuro, haría falta hacer una revisión amplia de nuestra carta magna. Aunque el proceso es complicado, el Artículo VII, Sección 2, dispone cómo se podrá convocar una Convención Constituyente “para hacer una revisión de esta Constitución”. En otras palabras, no para realizar enmiendas individuales, sino para ver la totalidad del documento y proponerle al pueblo una versión actualizada de este.
Hace unas semanas, propuse en este rotativo enmiendas constitucionales para obligar al Gobierno a procurar la autorización del pueblo para tomar nuevos préstamos, y para imponer o aumentar las contribuciones. Hoy, propongo que una Convención Constituyente considere, y discuta abiertamente, los siguientes temas como parte de una revisión constitucional que fortalezca nuestra democracia depositando toda confianza en la sabiduría y la madurez del pueblo puertorriqueño.
1. Elevar a rango constitucional la autonomía municipal.
2. La elección de legisladores municipales a base de distritos y no como parte de la plancha electoral de los alcaldes. Así aseguraríamos que todos los sectores geográficos y socioeconómicos de cada municipio estén debidamente representados.
3. La elección del secretario de Justicia directamente por el pueblo de Puerto Rico y la fijación del presupuesto del Departamento por fórmula incluida en la Constitución. Así aseguraríamos la independencia del secretario. Para fines de comparación, 43 estados seleccionan sus attorneys general de esta forma. El gobernador nombra a este funcionario en solo cinco estados.
4. La elección del contralor directamente por el pueblo y la fijación de su presupuesto por fórmula incluida en la Constitución.
5. Una legislatura a tiempo parcial, con una sola compensación —principalmente dietas— fijada en la Constitución.
6. Un sistema legislativo más representativo. En la actualidad, a pesar de haber acumulado solo el 41.8 % del voto a la gobernación, el PNP tiene el 66.7 % de los escaños en la Cámara de Representantes y el 70 % de los escaños en el Senado. Eso deja sin representación efectiva a más del 58 % del electorado que le votó en contra al partido de Gobierno.
7. La elección de los miembros de la Cámara cada dos años. La elección de los miembros del Senado cada seis años, con una tercera parte del Senado sujeto a la reelección cada dos años. Con elecciones escalonadas, el pueblo tendría más poder para enviarles mensajes a sus gobernantes. El sistema actual les concede a los partidos de gobierno una licencia cuasidictatorial por espacio de cuatro años.
8. La limitación constitucional al número de proyectos que pueden presentar los legisladores.
9. La limitación de las sesiones legislativas a solo la que corre de enero a junio, salvo por aquellas extraordinarias que pueda convocar el gobernador.
10. Un presupuesto legislativo fijado por fórmula constitucional.
11. La limitación de los términos del gobernador, los legisladores y los alcaldes.
12. Un presupuesto judicial fijado por fórmula constitucional.
13. Iniciativas ciudadanas para enmendar la Constitución y para aprobar ciertos tipos de proyectos de ley.
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Difícilmente, se aprobarán todas estas enmiendas. Sin embargo, tener una conversación sobre cómo hacemos que el sistema incluya a más personas, sea más representativo, y responda mejor a las necesidades de Puerto Rico, es de por sí un ejercicio de mucho valor.
En las próximas semanas, escribiré sobre otros modelos, como el de la Asamblea Ciudadana en Irlanda, para continuar la conversación sobre cómo retomamos las riendas de nuestro futuro colectivo.