Prioridades invertidas

Lea la opinión de Armando Valdés

Prioridades invertidas

Esta semana hemos visto, nuevamente, como las prioridades del Gobierno están totalmente al revés. Las dos áreas que el gobernador Ricardo Rosselló quiere privatizar, el sistema eléctrico y la educación, ya han sido abandonadas a su suerte. Peor, las acciones y expresiones del Gobierno sirven propósitos ajenos a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño. Por un lado, apartar de la figura del gobernador toda responsabilidad por la pobre gestión del aparato público y, por otro, justificar la venta de activos públicos, en vez de racionalizar su uso en torno a una política pública coherente.

Comencemos por la luz. En una semana, dos apagones. Ambos, producto de la negligencia de un mismo subcontratista de la empresa Cobra, contratista, a su vez, de la Autoridad de Energía Eléctrica e intermediario entre Puerto Rico y decenas de empresas estadounidenses que han estado colaborando en el restablecimiento del sistema eléctrico. Luego del primer apagón, no pasó nada. Luego del segundo, finalmente el gobernador, en su nuevo rol autoimpuesto como mero asesor, le recomendó a la Junta de Gobierno de la Autoridad que le pidiera a su contratista que cancelara el contrato con su subcontratista. Pretty please with a cherry on top.

Atrapado en esta jerigonza burocrática y en este pasar de la proverbial papa caliente está la economía de todo un país que, aparentemente no tiene quien lo defienda. Tal como pasó con el nombramiento de un americano que se alega dirige la Autoridad, que han escondido tanto que su nombre se me escapa, el gobernador no se hace responsable. Él no ha visto nada, no ha oído nada y no siente nada. Se vio obligado a, amablemente, sugerir la cancelación de un contrato porque ya la situación se les había salido de las manos.

Y hablando del Míster Ñemerson que “dirige” la Autoridad, me pregunto, ¿realmente existe? O sea, ¿usted lo ha visto? ¿Lo ha oído hablar? ¿Cómo es el timbre de su voz? ¿Es un soprano o un tenor? Se sabe únicamente que su compensación por un año de “trabajo” es de $1 millón y que, supuestamente, le dio una entrevista a El Nuevo Día, periódico que publicó las fotos de un abuelito que pudieron haber sacado de Getty Images. A ciencia cierta, no sabemos si este caballero es producto de nuestro delirio colectivo o un hombre de carne y hueso. Tan es así que hasta le he cogido cariño a Justo González. Esa alma en pena que, con el título y sueldo de un subdirector de la Autoridad, da cara cada vez que otros meten la pata.

Lo del Departamento de Educación es aún más bochornoso. Luego de que a la secretaria, Julia Keleher, la cogieran mintiendo sobre las razones detrás del cierre de la escuela especializada en béisbol de Comerío en el programa Jugando pelota dura, la funcionaria publicó en Twitter un video, producido seguramente por su agencia de publicidad y con una musiquita de fondo de lo más dramática, en la que reseñaba el mal estado del plantel escolar.

Así como lo lee. La encargada de las escuelas en Puerto Rico hizo alarde, no del buen estado de una instalación que se supone ella supervise, sino de su deterioro. Tampoco se le ocurrió enviar personal a reparar las supuestas fallas. Claro, posiblemente, no existen hoy tales fallas. El video de la agencia pudo haber sido tomado justo después del huracán, mientras que el del programa televisivo sabemos fue producido en los últimos días. Y aun si hubiera daños que atender, en el reportaje se vieron estudiantes utilizando las instalaciones, aprendiendo y desarrollándose, personal docente comprometido y una comunidad en pie de lucha.

De más está decir que se le ve la costura. La agenda de Keleher es privatizar y cerrar a como dé lugar. Su estrategia es justificar estas acciones basándose en el mal estado o el pobre desempeño de las escuelas. Pero, realmente, no hay criterios objetivos. El interés que prima no es el del pueblo, sino el de quienes quieren lucrarse.

Que quede claro. Favorezco que el Gobierno ceda funciones al sector privado, pero cuando lo haga, el diseño de ese programa no puede estar en manos de la empresa privada. Sería como dejar que un arquitecto diseñe una casa para su propia familia y no para la familia de quien lo contrata. Los sistemas de educación y eléctrico tienen que hacerse a la medida de nuestras necesidades, no de las necesidades de los contratistas. Una vez las tengamos claras, entonces es razonable pedirle a un privado que ponga en función nuestro diseño.

La irresponsabilidad y el afán de lucro disfrazados como un programa de gobierno es invertir el orden de prioridades y dejar el barco de Estado a la deriva.