Hoy se reúne la Junta de Control Fiscal en el Centro de Convenciones para certificar los planes fiscales del Gobierno central y la Autoridad de Energía Eléctrica. En otra reunión pública mañana, aprobarán los de Acueductos, Autoridad de Carreteras, Banco Gubernamental de Fomento y la UPR.
Ayer lanzaron los primeros misiles en una especie de preemptive attack al publicar —cosa que no habían hecho ante— el documento que, evidentemente, aprobarán hoy. Aunque le ponen el sello de “borrador”, todos sabemos, por la dinámica que se da en las reuniones públicas de la Junta, donde corre todo con un libreto que parece estar super ensayado, que se aprobará aun con el pataleteo que pueda hacer allí Christian Sobrino, representante del gobernador. Claro, Sobrino tendrá que protestar para establecer el récord ante un eventual caso judicial, cosa que no hizo su predecesor Elías Sánchez con el tema de la reducción de jornada que, si no fuera por el huracán María, habría sido tema de una controversia judicial entre el Gobierno estatal y la Junta.
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Se trata de un momento importante el de hoy. Nos guste o no, la Junta tiene el poder que le delegó el Congreso de los Estados Unidos (la metrópoli) para establecer la agenda fiscal (por no decir la agenda total, hasta que la jueza Swain lo dilucide pronto) del Gobierno de Puerto Rico para, al menos, los próximos cinco años. Lo que se certifique hoy es lo que le dictará la pauta al Gobierno puertorriqueño y, por ende, incidirá en cada una de nuestras vidas.
La Junta llega a su reunión de hoy con la tormenta perfecta. El apagón de ayer los llevará a gritar a los cuatro vientos que la privatización es necesaria en la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro, se les escapará de seguro aclarar que la avería de ayer la causó un subcontratista de una de las empresas importadas que llegaron para manejar el desastre.
Llegan hoy también habiendo publicado el plan fiscal que aprobarán. Lo publicaron ayer y lo han venido filtrando para estratégicamente evitar mayores reacciones y sorpresas.
Según lo que divulgaron, el plan que aprobarán es esencialmente con el que ya han amenazado al gobernador: recortes a las pensiones, a los beneficios laborales, una reducción mayor en la Rama Ejecutiva, municipios y las otras ramas de gobierno e instrumentalidades, entiéndase UPR, Legislatura y Judicatura. Para ellos en la Junta solo se recortan 5.6 millones en cinco años. Algunos de los puntos no son incompatibles con los que ha expuesto La Fortaleza.
Estando todas las cartas sobre la mesa, una vez el gobierno de Ricardo Rosselló proteste el plan fiscal certificado, tocará esperar que lleguen las fechas ordenadas por la Junta para ejecutar los cambios. La primera es el 31 de mayo, como último día para que la Legislatura y el gobernador pongan en vigor leyes laborales agresivas, tanto para el sector privado como para el público. Una vez eso no ocurra, si es que la bravura llega hasta allá, entonces la Junta acudirá ante la jueza Swain para que ordene o interprete el campo de acción que le otorgó PROMESA para actuar sobre el Gobierno puertorriqueño. Carrión ya ha dicho que desea que Swain aclare los poderes de la Junta. Sin embargo, en caso de que ello no le sea favorable, Bishop está esperando.
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Carrión y sus seis compañeros juntistas saben que, en caso de que la jueza Swain le conceda otra victoria a Ricardo Rosselló —la anterior fue con el nombramiento de Zamot en la AEE—, el congresista Bishop está esperando que le toquen la puerta para que el Congreso le de más garras a la ley para que ejerzan su poder en la colonia. Bishop, además de ser uno de los artífices de PROMESA y presidente del comité con jurisdicción sobre Puerto Rico (el que tiene la llave de la estadidad), ahora está en la lista de potenciales sustitutos de Paul Ryan como speaker de la Cámara.
Por eso dije que la Junta se presenta hoy con su tormenta perfecta y, como ocurrió durante María, con la mayor parte del país sin luz. Nada pinta bien.
