Por lo visto, la distancia es aleccionadora. Desde ella, en el disfrute de mis primeras vacaciones en dos años, no dejo de conectarme a la realidad de mi país, esa que me toca comunicar a diario. Y lo que me llega no solo es motivo de tristeza, sino de indignación. Durante meses y tras la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la Ley PROMESA comenzamos a ver con preocupación, como previa invocación de la tan cacareada recuperación, muchas de nuestras instituciones y patrimonio se han colocado como aparente carne de cañón, como una suerte de sacrificio para el perdón de los bonistas y acreedores.
Bajo esa prédica, el Gobierno ha comenzado a dar forma a nuevos planes de reestructuración. Y claro que resulta evidente que el país no saldrá intacto de esta prueba que le ha tocado encarar a los dos últimos Gobiernos. Habrá sacrificios, pero en una coyuntura en la que nuestros baluartes podrían estar en riesgo, parece preciso preguntarse cuánto estamos dispuestos a entregar y, a fin de cuentas, cuánto de nuestro país quedará al final de esta jornada. En cualquiera de los casos, esas respuestas están atadas a cuánto estamos dispuestos a permitir.
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Las propuestas de recorte han comenzado a aflorar. Algunas parecen lógicas. Espacios de gobierno caducos que, perfectamente, podrían eliminarse o fusionarse. Otras no hacen otra cosa que preocupar. Instituciones como el Centro de Bellas Artes, la Escuela de Artes Plásticas o el Conservatorio de Música se han mencionado como espacios que podrían privatizarse o venderse (aunque, luego, portavoces de la Junta de Supervisión Fiscal descartaron la información). Más recientemente legisladores de minoría y residentes de Culebra han denunciado la propuesta de reorganización que eliminaría o alteraría la corporación que conserva y administra terrenos de la isla municipio de Culebra, según informes, incluso la mundialmente admirada playa Flamenco.
Para los vecinos de Culebra, la propuesta es repudiable, sobre todo por su lenguaje ambiguo que, en más de una interpretación, abre la puerta a la privatización de terrenos patrimonio de los culebrenses y, en definitiva, del país. Lo mismo sucede con los terrenos de la antigua base naval Roosevelt Roads. Tierras de las que fueron despojados sus dueños originales para usos militares y de los cuales, a la luz del lenguaje del proyecto, podría disponerse, en la más clara tradición del “Such is live”, sin contar con los intereses de los vecinos de la zona.
A lo anterior, añado la preocupación en torno al lenguaje aprobado por el congreso, e incluido en la ley PROMESA, que, prácticamente, permite la venta de nuestros más importantes recursos naturales, como el Corredor Ecológico del Noreste y otros terrenos de alto valor ecológico o agrícola.
Entonces, ante semejantes amenazas, analizas el panorama y no haces otra cosa que espantarte. Cierre de instituciones, venta o arrendamiento de terrenos del pueblo como moneda de trueque ante una deuda que, a todas luces, resulta impagable. ¿Es eso lo que queremos? ¿Estamos dispuestos a mirar con la pasividad de siempre mientras a nuestro patrimonio se le coloca un gran letrero de “Se vende”? Yo digo que no. Vivimos momentos de retos y grandes cambios. Movidas múltiples y aceleradas que, si no seguimos de cerca, pueden aturdirnos. Por eso, hoy más que nunca, nos toca a todos estar vigilantes y, si llegara el momento, aguerridos. ¿Que son necesarios cambios en la estructura gubernamental? ¡Desde luego! Pero mucho ojo. Nuestro patrimonio no puede estar en venta.
