La historia se ha vuelto a repetir. La empresaria que dirige el Departamento de Educación ha puesto en marcha la nueva dosis de insensibilidad e irresponsabilidad del cierre de 283 escuelas públicas más alrededor de todo Puerto Rico. Este nuevo golpe incluye el 30 % de las escuelas que utilizan el modelo de enseñanza Montessori. El cierre anunciado, que hipócritamente han denominado “consolidación total”, tiene una característica en común en todas las comunidades escolares: la ausencia de participación y consulta a sus componentes.
En nuestras visitas a múltiples escuelas —en las cuales madres, padres, maestros, e incluso directores reclaman que se mantengan abiertas— nos expresan con indignación la ausencia de información y participación en una decisión tan transcendental que afecta a miles de niños y niñas a lo largo y ancho del país.
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He sido claro en mi oposición al cierre de escuelas —y la del partido que represento— por atentar contra el derecho fundamental a la educación. También por la ausencia de una notificación adecuada y la exclusión de las comunidades escolares en los procesos deliberativos, la toma de decisiones y la consulta en los planes de cierres.
Con el anuncio del Departamento de Educación de la nueva ola de cierres, se pone en peligro el derecho a la educación garantizado por la Constitución, así como el acceso a educación pública, gratuita y apropiada, igualmente garantizados por ley. De igual forma, limita sustancialmente el acceso de los estudiantes de Educación Especial al plantel más cercano a su casa y disminuye la oferta de escuelas apropiadas para los estudiantes, Además, incrementa la probabilidad de hacinamiento de estudiantes en los salones, reduce la oferta de centros para ofrecer servicios relacionados con los estudiantes y podría implicar la destitución de maestros cualificados para ofrecer servicios a los estudiantes. Sin dejar de mencionar que implicaría una crasa violación a la sentencia del pleito de clase del caso de Rosa Lydia Vélez, la cual impide reducción de recursos materiales y económicos sin consultar a la clase.
Ante esto, radiqué el proyecto 1524 con el fin de establecer el requerimiento de realizar vistas públicas para el cierre, consolidación o reorganización de planteles escolares. Con esta medida, buscamos garantizar, como mínimo, un espacio de expresión para las comunidades escolares bajo amenaza del cierre de sus centros educativos, que las comunidades puedan tener pleno conocimiento del proceso y que, sobre todo, los estudiantes, razón de ser de nuestro sistema educativo, no se vean afectados. Así se garantizan los servicios educativos a los cuales tienen derecho. Es imprescindible insertar el proceso de vista pública a los requisitos que debe cumplir la secretaria de Educación al momento de proponer el cierre, la consolidación o la reorganización de las escuelas públicas.
Por otro lado, el senador Juan Dalmau radicó el proyecto del Senado 875, que establecería un número máximo de estudiantes por salón en las escuelas, lo que formularía una nueva política pública atemperada al contexto académico y laboral de los mejores sistemas educativos internacionalmente. Contrario al Departamento de Educación, que ya ha cerrado de manera indiscriminada e insensible cientos de escuelas, esta propuesta persigue utilizar la llamada merma poblacional como una oportunidad de valor incalculable para reconsiderar la organización de nuestras escuelas y preparar entornos dirigidos a incentivar un mayor aprovechamiento académico entre el estudiantado.
La lucha de las comunidades escolares para mantener sus escuelas abiertas será ardua. El contrincante utiliza la violencia institucional del desprecio y la insensibilidad ante los reclamos de justicia educativa para nuestra niñez y juventud. Nuestra solidaridad está con las comunidades escolares y quienes hoy resisten esta embestida. Estaremos con ellos hasta el final.
