Desde el plano político, la Junta de Control Fiscal nombrada bajo la ley federal Promesa es una imposición antidemocrática del Gobierno de Estados Unidos que, nuevamente, puso sobre la mesa la realidad colonial de Puerto Rico. Fue un duro golpe, principalmente, para quienes han defendido la alegada autoridad para gobernar que justificó el establecimiento del Estado Libre Asociado a mediados del siglo pasado.
Tras la aprobación de Promesa, entre otras decisiones judiciales y políticas asumidas por la metrópoli en los últimos años, nadie puede negar el engaño bajo el cual ha vivido el pueblo puertorriqueño. Sí, el ELA ha sido la gran mentira de nuestra historia moderna, y quienes han defendido esa condición política no han sido más que mercaderes del sometimiento y la esclavitud.
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Por eso, retar Promesa y su Junta, enfrentarse a quienes persisten mantener una relación colonial bajo la ficción del ELA y exigir nuestro derecho a la libre determinación desafiando las imposiciones del Gobierno estadounidense son acciones importantes y necesarias en una cruzada por defender el respeto y la dignidad de nuestro pueblo.
En esa dirección, es significativo el paso que dio el Senado de Puerto Rico la pasada semana al aprobar unánimemente la Resolución Conjunta 215 ordenando al secretario de Hacienda paralizar los desembolsos de salarios, gastos operacionales y contratación de servicios para la Junta durante lo que resta de año fiscal y por los dos próximos.
Esta determinación de la Cámara Alta no es poca cosa. Representa un desafío a la autoridad que ejerce Estados Unidos en la isla. Es, ante todo, una acción que envía un claro mensaje a los políticos que regentan el poder en la nación del Norte haciéndoles saber, como bien señaló el autor de la medida, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Juan Dalmau Ramírez: “Los que representamos por los votos a los puertorriqueños no estamos dispuestos a bajar la cabeza”.
Pero lo más importante, esta actuación del Senado recoge la expresión de repudio que habita en amplios sectores del país por las pretensiones que ha asumido ese ente federal al exigirle al Gobierno que, a fuerza de cumplir con una deuda pública que se niegan auditar, imponga una retahíla de medidas austeras que desembocarán en un empobrecimiento cada vez mayor de nuestra población y en la eliminación de nuestros servicios esenciales.
Lo terrible es que mientras la Junta exige hacer valer su austeridad en un plan fiscal que contenga recortes a las pensiones de nuestros jubilados, eliminación de derechos laborales, aumentos en los costos de estudios universitarios, reducción en fondos de entidades sin fines de lucro que asisten al Estado en el ofrecimiento de servicios de vital importancia para el país y eliminación de agencias públicas, ellos andan a sus anchas, malgastando nuestros recursos económicos.
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Es una Junta que exige que se le otorguen $80 millones del presupuesto nacional para cubrir sus gastos. Una cifra que representa $20 millones más que lo asignado este año y $49 millones por encima de lo que nos costó al momento de su creación.
Una Junta, cuya directora ejecutiva, Natalie Jaresko, cobra el exorbitante salario de $625,000 al año, monto al que se añade una nómina de más de un millón de dólares que el organismo federal alega necesitar para cubrir sus operaciones administrativas.
Es, sin dudas, una Junta abusiva, con un patrón de malversación de los escasos fondos que tiene un país quiebra. Es un conciliábulo de déspotas, que las únicas señales que ha mostrado son su alto menosprecio al pueblo puertorriqueño y su intención de vender a pedazos nuestros recursos.
Y eso es lo que combate el Senado. Como señaló su presidente, Thomas Rivera Schatz, la aprobación de la medida “es el mensaje que queremos enviar desde aquí, para que claramente entiendan (el Gobierno estadounidense) que no nos doblegamos y que respondemos a la gente que nos eligió, y que defendemos a los ciudadanos puertorriqueños”.
Empero, tras esa determinación comenzaron a llover críticas, en su mayoría en voces de comentaristas que comenzaron a atemorizar a sus oyentes con la hipótesis del fin de la historia.
Para ellos, este enfrentamiento provocará la ira de la Junta, del Gobierno estadounidense y Wall Street. Quienes así piensan cayeron en la trampa colonial porque no son capaces de concebir el porvenir del país bajo otra relación política y económica con Estados Unidos. Mucho menos son capaces de pensar en que, para reestructurar nuestra deuda, batallar contra los fondos buitres y alentar nuestro desarrollo económico, hay otras alternativas más allá de Promesa.
Por eso, es significativo el mensaje que encierra el paso certero que ha dado el Senado, que se debe entender como un desafío al poder colonial. Ahora le toca el turno a la Cámara de Representantes, cuerpo que, parece, acompañará a su homólogo en este reclamo de justicia y dignidad.
