En una vista pública reciente consigné —y reafirmé— la posición histórica del Partido Independentista Puertorriqueño a favor de mantener a la Autoridad de Energía Eléctrica como una corporación pública al servicio del país y de nuestra gente.
Esa filosofía de compromiso con las agencias y corporaciones que conforman nuestro gobierno y la clase trabajadora, que sirve como propulsor de estas, dista sustancialmente de los diversos modelos propuestos tanto por el PNP como el PPD. Diferirán de la forma y manera de privatizarla, pero el saldo neto se resume en la entrega de nuestro activo más importante a manos privadas, con fines de lucro. Se suma a dicho dualismo de desaciertos penepé-popular en la AEE, la administración deficiente de todos sus recursos, el inversionismo político y la intervención partidista, así como el desprecio gubernamental a sus trabajadores. De igual forma, diversos sectores hemos denunciado la falta de mantenimiento de las plantas y líneas eléctricas, el retiro de empleados especializados y el intento de establecer proyectos de generación de energía, contrarias a los mejores intereses del país como los gasoductos. Una fórmula “perfecta” para llevar al fracaso a la Autoridad con la intención deliberada de justificar su venta.
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La mediocridad de administraciones rojas y azules alcanza una nueva dimensión con el atraso inconcebible de la restauración del servicio eléctrico a miles de familias tras el paso del huracán. Pero si impensable es esa realidad, peor resulta el manejo de los directivos de la AEE de esta cuando, de manera crasa, negligente e insensible hablan de “porcentajes” y olvidan por completo que se trata de seres humanos que reclaman su derecho de acceso a energía eléctrica.
Representantes de la administración de turno asistieron a la vista pública en la que participé sin ánimo de replantear o reformular genuinamente la agencia. Catalogar, por ejemplo, lo “exitoso” que ha resultado el acuerdo de la AES en Guayama como una alianza público privada me parece totalmente desacertado y un descaro a los residentes de dicho pueblo, sectores aledaños y en la zona de Peñuelas que sufren cada día los embates de la contaminación ambiental de esta empresa.
En dicha vista, los deponentes del Gobierno admitieron que cualquier activo, desde un lápiz de la AEE hasta las plantas generatrices, la distribución, la trasmisión, los servicios de cobro y el servicio al cliente, están disponibles al mejor postor. Mientras, los otros dos deponentes en la vista, dejaron dudas sobre el llamado concepto de movilidad de trabajadores del cual ya he advertido que, si la AEE decide aplicarlo en la transacción privatizadora, los pueden mover directamente a una entidad privada.
Es imperativo que la AEE continúe siendo pública, y para mejorarla, tenemos que eliminar la politización y profesionalizar su alta gerencia; así como también es necesario abrazar modelos públicos de generación de energía renovable eficaces, para modernizar la autoridad y servirle mejor al país.
Lamentablemente, como ocurrirá con la privatización de las escuelas, la incapacidad administrativa del Gobierno y las propuestas de privatización solamente resultarán en el aumento de los costos de la energía eléctrica y el menoscabo de las condiciones laborales de los empleados públicos. Eso sin considerar las “oportunidades” para el desvío de fondos públicos y esquemas de corrupción, de los allegados a los círculos de poder del país.
