Los anticolonialistas de línea dura, tanto de derecha como de izquierda, han dicho siempre que los partidos llamados a la descolonización han hecho muy poco por adelantar sus causas ideológicas y que, más bien, se han dedicado a administrar la colonia y repartirse el bizcocho presupuestario del cual ya queda muy poco. La coyuntura en la que estamos pudiera darles la razón a ellos.
Hoy a las 5:00 p. m. vence el plazo para que el gobernador Ricardo Rosselló entregue una propuesta revisada del plan fiscal para los próximos cinco años. Las últimas dos propuestas fueron crucificadas por la Junta de Control Fiscal federal. Ahora, Rosselló resiste los cambios y advierte que, si la Junta certifica un plan como el que promueven, su administración no lo ejecutará. Ello activaría unas disposiciones de la Ley PROMESA que concluirían en el tribunal y ahí sabremos si el gas pela. También sabremos si la Junta tiene los súper poderes que se atribuye o si se requerirá que el Congreso enmiende la ley para cumplir con los deseos de legisladores federales como Rob Bishop.
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En el camino está ocurriendo algo interesante. Y es que el PNP está defendiendo el carácter de Gobierno propio de Puerto Rico. En otras palabras, están defendiendo la autonomía gubernamental que Muñoz proclamó con el Estado Libre Asociado en 1952 y que los estadoístas han cuestionado siempre.
Ricardo Rosselló dice que el Gobierno puertorriqueño tiene el poder de dictar su política pública, que eso le corresponde a los funcionarios electos democráticamente y que nadie puede ir por encima de la Constitución. Así mismo. El otrora líder del movimiento anexionista “¡Boricua, Ahora Es!”, que sirvió de base a su candidatura, está defendiendo la Constitución de Muñoz en lo que tiene que ver con el poder autonómico de Puerto Rico para autogobernarse. El discurso del PNP entra en contradicción cuando se plantea, acto seguido, que la Junta es la representación más clara de la colonia.
Pero es que… ¡de eso se trata el coloniaje! La característica básica de la subordinación política es precisamente que el poder recae en otro lugar. Y poder es poder. No es poder a medias, se tiene o no se tiene. La mujer está o no está embarazada, no está medio embarazada.
Si el argumento es que la Junta es una muestra de la colonia y que no puede tener poderes sobre nosotros, entonces que el rechazo sea total y no a medias. Decir que se le reconoce (lo diga la ley o no) jurisdicción en asuntos fiscales y no en temas de política pública es promover la ignorancia sobre los conceptos en cuestión. En la administración pública es imposible divorciar las medidas fiscales y las políticas públicas, ya que una incide irremediablemente sobre la otra. Es decir, si el Gobierno boricua le reconoce autoridad en el tema fiscal a la Junta, entonces no puede reclamar total poder para dictar la política pública porque ya su campo de acción está subordinado y restringido totalmente.
La reciente estrategia del gobernador de enfrentar a la Junta es sabia ante los múltiples problemas que ha tenido recientemente para la ejecución de sus planes. Sin embargo, la ofensiva, para que sea legitimada en el futuro (no para la inmediatez de subir unos puntos de popularidad) tiene que ser total y hasta el final.
Entre las 5:01 de esta tarde y el 20 de abril, para cuando la Junta certificará un plan, sabremos hasta donde se llegará.
