Hasta hace unos días, varios funcionarios gubernamentales andaban de excursión por los medios de comunicación tratando de vender la hoy eliminada propuesta de reforma laboral como un “cambio contundente” en las condiciones de trabajo del país.
Decían que el Gobierno se estaba encaminando hacia la implantación de un aumento de salario mínimo “histórico” que provocaría que las puertorriqueñas y puertorriqueños empleados en la empresa privada comenzaran a devengar $8.25 por hora al llegar el año 2021.
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Junto a esto proponían la reducción del periodo acumulado por enfermedad y por vacaciones a siete días al año, la eliminación del bono de Navidad y la derogación en tres años de la Ley 80, única salvaguarda del trabajador ante la acción patronal de despedir sin justa causa.
La suma de todas estas medidas, según alegaban los siervos de La Fortaleza, representaba “un beneficio en la transición hacia el empleo” porque, argüían, “permite quitar más obstáculos dentro del mismo sector privado”.
La voz más contundente en la defensa de esa propuesta, aunque desarticulada e incoherente, fue la del secretario del Trabajo, Carlos Saavedra.
El funcionario, cuyo cargo debe estar al servicio de la defensa de los derechos de los trabajadores del país y quien debe resguardar nuestro ordenamiento legal laboral, insistía en la importancia de eliminar las protecciones que le asisten a la clase trabajadora puertorriqueña.
En sus desentonadas alocuciones alegaba que la entonces reforma propuesta mejoraría la economía de la isla, aunque era incapaz de proveer cifras que sustentaran su argumentación.
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Para él, de lo que se trataba esa reforma era de “emular las condiciones laborales que existen en otros estados de la nación” al tiempo que celebraba gozoso que, en el año 2021, el salario mínimo llegaría a $8.25 la hora.
Sin embargo, se enredaba entre sus balbuceos cuando algún periodista le increpaba en cómo se calculaban las ventajas de un pírrico aumento salarial cuando se proponía eliminar el bono navideño, se reducían los días de enfermedad y vacaciones, y se cercenaba el derecho de los trabajadores a reclamar su mesada en casos de enfrentar un despido injustificado.
Sus respuestas, como ha ocurrido en tantas otras ocasiones, se limitaban a la repetición cacofónica de varios estribillos mal redactados y totalmente disonantes.
Saavedra no había agotado su excursión mediática cuando su jefe, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, lo sorprendió a mediados de la pasada semana con el anuncio de que dejaba sin efecto su iniciativa de reforma laboral.
Entonces, el gobernador llamó a la referida propuesta “una injusta medida”. De inmediato, le echó culpas a la Junta de Control Fiscal por querer imponer una reforma laboral que, a su vez, incluía la reducción de un 10 por ciento en las pensiones para nuestros jubilados del sector público que reciban $1,000 o más de ingreso en conjunto por su pensión y su seguro social.
Asimismo, en un acto de alardeo de su poder como primer ejecutivo emplazó a la Junta y los acusó de “pretender dictar la política pública del Gobierno”, lo que indicó que, “además de ser ilegal, es inaceptable”.
Desde ese instante, nadie ha recurrido al secretario de Trabajo a solicitarle una reacción ante la posición del gobernador de tirar por la borda la propuesta de reforma laboral que tanto él defendió. Sería interesante, por demás, conocer cómo este articularía una respuesta ante el requerimiento de una opinión a las expresiones de su jefe, quien denominó como “injustas” las medidas que conformaban esa reforma.
No hay dudas de que la ineptitud del funcionario es de grandes proporciones. Y lo que es peor, desde su arribo al cargo no ha cumplido su rol como defensor de los derechos de las trabajadoras y trabajadores del país, sino, por el contrario, se ha convertido en el más férreo proponente de cambios en el marco legal protector de nuestra clase asalariada.
Para el Gobierno y para el país es lamentable y desafortunado contar en su lista de funcionarios con el señor Saavedra. Lo que no entiendo es por qué aún no se ha conformado un reclamo masivo y contundente para exigirle al gobernador su despido inmediato.
