La sensación de malestar que habita en la sociedad puertorriqueña, consecuencia de la crisis económica, la falta de confianza en sus instituciones públicas, la corrupción y los problemas de seguridad ciudadana que resultan de la ola criminal, yace acompañada a un sentimiento de quiebra del contrato social.
Hay frustración, cansancio y desesperanza. Por más que el Gobierno alardee de que se avecina un mejoramiento en nuestra situación económica, el ambiente en cada recoveco del país, desde cualquiera de sus estratos sociales, no parece contagiarse de optimismo.
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Y es que la dimensión —y el origen— de nuestros problemas no puede ocultarse detrás de discursos o campañas publicitarias. Hace falta transformar el orden de las cosas, reinventar las políticas públicas y repensar la administración gubernamental.
Mas sucede que, al momento, las rutas exploradas por el actual y los pasados Gobiernos para brindarles solución a los problemas que enfrenta la ciudadanía, se enfilan en la misma dirección. Ante la incapacidad de gobernar el aparato público, se lanzan a ciegas a abrazar las normas del neoliberalismo: privatización y desreglamentación de toda normativa de protección social, ambiental y laboral.
Y lo que es peor, no hay un proyecto colectivo. Esto, porque nuestra principal carencia es la incapacidad de concertación, de generar acuerdos que nos puedan trazar la hoja de ruta que defina las coordenadas de lo que aspiramos ser y hacia dónde queremos ir como sociedad.
Por eso, la crítica más fuerte que recae sobre la denominada reforma del Departamento de Educación es, precisamente, la ausencia de una filosofía educativa que responda a las preguntas que deben fundamentar cualquier proyecto de educación pública de país: qué sociedad queremos fraguar, qué tipo de ciudadano queremos formar y qué competencias son necesarias para enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos.
Lo mismo ocurre cuando observamos los planes gubernamentales que se aderezan tras las propuestas de transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en la que domina un único pensamiento: el Estado tiene que desprenderse de todos los activos de la corporación pública y entregárselos a grupos determinados dentro del sector privado.
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Desde el discurso oficialista, todo se esboza como si fueran soluciones mágicas a problemas complejos y, lo que resulta más terrible, se presentan como alternativas únicas, como si solo hubiera una sola ruta para abordar las cosas. De esa manera, nos negamos a explorar otras vías para solucionar las situaciones que inciden sobre la calidad de nuestra vida como pueblo.
Todo indica que, desde las altas esferas de la administración gubernamental, se pasa por alto que la situación social, política y económica que enfrentamos está cargada de muchos retos y riesgos, y eso exige la urgencia de articular políticas públicas diferentes. Acciones políticas que estén más inclinadas hacia la generación del consenso entre diversos sectores sociales y que evite la imposición de propuestas que atiendan solo a beneficios particulares por encima del interés general.
No hay dudas de que, si el Gobierno cediera un espacio amplio para auscultar cómo resolver nuestros males sociales, de seguro aflorarían muchas y mejores respuestas de las que pululan por las mentes de asesores y consultores de La Fortaleza.
Pero, parece como si en las elevadas estructuras del poder político se temiera escuchar otras visiones y perspectivas del país que todas y todos debemos forjar.
No olvidemos que, por actuar desde el caudillismo partidista, hemos llegado al estado de situación que nos asiste: una crisis económica con graves consecuencias sociales; una crisis de legitimidad y credibilidad de la acción política y de las instituciones públicas; y una crisis de liderazgo político que afecta directamente el esquema tradicional de los partidos. Son vértices de un triángulo que están en continua colisión.
En su mensaje de Estado, el Gobernador indicó que sus propuestas gubernamentales se encaminaban a articular un nuevo pacto social. Mas hay que recordarle al primer mandatario que un contrato social no surge de las líneas que relatan las promesas políticas en una plataforma de gobierno partidista.
Por el contrario, para crear un nuevo pacto o contrato social que proponga componer las fracturas sociales que nos ha provocado esta crisis económica, se requieren acuerdos concertados entre ciudadanos y sus representantes, sin arbitrariedades ni imposiciones.
Es la única manera de promover y realizar un proyecto colectivo que nos ofrezca una promesa de futuro.
