Por: Denis Márquez Lebrón
Representante PIP
El pasado martes 13, se aprobó en la Cámara el PC 1441 que viabiliza —la mal llamada— reforma educativa. Dicha reforma, que en realidad es una “deforma”, establece —entre otras cosas— las “escuelas alianza” que no es otra cosa que la privatización del sistema público de enseñanza mediante el modelo “chárter”. Como en todo proceso de privatización del Gobierno, se toma un departamento, agencia o corporación pública y se crea una crisis, ya sea por mala administración o negligencia de la alta gerencia, y se permite que esta llegue a un punto en el que la población, por frustración o hastío, reclame la intervención de la empresa privada como única salvación para atender dicha crisis.
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La crisis en el Departamento de Educación es conocida por todos. La falta de maestros en las escuelas, la falta de libros y materiales en los salones, escuelas con infraestructuras abandonadas, el cierre indiscriminado y vicioso de escuelas públicas, la discriminación contra los niños y niñas de Educación Especial y la politización dentro del Departamento, son algunos ejemplos de cómo, tanto rojos como azules, han llevado al sistema de educación pública al precipicio donde se encuentra hoy en día.
La privatización promulgada por el gobernador y la empresaria que dirige el Departamento de Educación es la misma medida impulsada por el Senador Bhatia y su Partido Popular el pasado cuatrienio. Lo único que cambia es que los que renegaban de la propuesta en ese entonces, hoy son sus más férreos defensores y los que la impulsaron en el pasado, hoy son sus grandes detractores.
El Partido Independentista, al que yo represento en la Cámara, a diferencia de los demás, siempre ha sido consistente en la defensa de la educación pública. Consideramos que una verdadera reforma educativa debe tener como eje central a los estudiantes, madres, padres, maestras y maestros.
El diseño de esta “reforma” es para beneficiar a un sector privilegiado del país, con la asignación y despilfarro de dinero público para establecer las escuelas alianza. Dinero que no llegará a los salones de clase, porque se quedará en las arcas de las compañías sin fines de lucro, que, en realidad, lo que buscan es el lucro sin fin, y que administraran las chárteres.
El mecanismo de las chárteres permite que las maestras y maestros que estas contraten, luego de los dos años que se les garanticen sus derechos adquiridos, les aplicarán las leyes de la reforma laboral. Al cerrar escuelas públicas y convertirlas en chárteres, no tendrán los docentes ninguna otra opción que someterse a estas condiciones, y perderán su permanencia y sus derechos adquiridos.
Los vales educativos que establece la medida, si logra pasar el crisol de Tribunal Supremo, que solo podría explicarse por el cambio en su composición, solo servirá —con toda probabilidad— para establecer otro mecanismo de injusticias y favoritismo político para beneficiar a aquellos con acceso a los círculos de poder del país.
Por otro lado, la “deforma” aprobada establece que será una “aspiración” cumplir con los Planes Educativos Individualizados de los estudiantes de Educación Especial. Cumplir con los estudiantes de Educación Especial no puede ser una “aspiración”, sino una “obligación” legal, moral, humana y constitucional.
La Deforma Educativa es la inserción al sistema de mecanismos para desviar fondos públicos a los inversionistas políticos del partido del Gobierno de turno y la destrucción del derecho humano a una educación pública y gratuita.
