La controversia por el contrato a una empresa que realiza adiestramientos en el Departamento de Educación para que se establezca un currículo de valores, reafirma que lo que es legal no siempre cumple con la ética, integridad o moral pública.
En este caso hemos visto como la falta de transparencia ha convertido una transacción —aparentemente legal— en una repudiable para gran parte de la población. La semana pasada le pregunté a la Secretaria Keleher quién le había llevado a la empresa de Michael Josephson a su oficina. Me contestó que no se acordaba y que se reunía constantemente con personas que no conocía. Simultáneamente la directora de la Oficina de Ética, convocada por los medios por la naturaleza misma del tema, asumía una extraña defensa pública de la contratación. Ya saben que no fue hasta que este periódico Metro revelara que ella intervino en la transacción, cuando dejó saber que fue quien introdujo a estos contratistas a Keleher. El martes, a la pregunta de por qué no lo dijo antes, contestó que fue que no se le preguntó. ¡¿En serio?! Peor aun, Rosario involucró al Gobernador en la discusión y Rosselló ripostó llamando a la funcionaria como la madrina del “proyecto”.
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El manejo que le han dado a este tema la Secretaria Keleher y luego la directora de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, ha puesto sobre sus oficinas un manto irreparable de comportamiento antiético en dos de las figuras de las que menos debe surgir nunca esa sospecha, y menos en estos tiempos difíciles.
Keleher y Rosario debieron ser diáfanas desde un principio para no sembrar tanta duda. Si es cierto que se trata de dinero federal restricto que había que utilizar y siendo Rosario la figura de Gobierno con más legitimidad para atender el tema de la ética en la administración pública, ambas hubieran podido atender el issue con mayor seriedad si se hubiese dado como preámbulo un “full disclosure”. Más aun cuando la propia OEG exige a diario a los funcionarios del estado llenar informes financieros en los que se les pide total apertura de sus finanzas y asuntos personales para evitar asomos de conducta antiética. Claro, la contratación tiene serios problemas de aceptación pública por la cuantía de la misma y la desconsideración a numerosos proyectos locales que pudieron haber sido reclutados para esta encomienda, constituyendo incluso una inyección mayor a la economía que la que representa la subcontratación de la empresa cagüeña agraciada por los norteamericanos.
Puerto Rico tiene demasiadas leyes que buscan erradicar o al menos minimizar la corrupción pública. También hay leyes que dictan la ética pública y otras pretenden moldear la moral de la sociedad. Leyes no hacen falta. Así que la defensa de los funcionarios en cuestión de que actuaron conforme a la ley no responde necesariamente al cuestionamiento público, aunque no es descabellado pensar que este tema pudiera terminar en un caso judicial. Aquí el cuestionamiento es uno de índole moral, ético y de ausencia de transparencia en el manejo de la cosa pública.
La intención loable que pudo haber tenido el proyecto, con todo y sus cuestionamientos sobre costos y la entidad contratada, ha sido echada por la borda por el propio Gobierno por un trato torpe ante las preguntas ciudadanas. Es una desgracia que se comiencen pronto cursos de valores en las escuelas habiendo tenido ese currículo una base que se presume antiética.
