Por: Denis Márquez
Representante PIP
A principios de febrero pasado, anticipé y advertí al país sobre una segunda reforma laboral propuesta por la Junta de Control Fiscal en una de las últimas cartas que ha cursado al gobernador. Más aún, el 7 de febrero, radiqué la Resolución Concurrente de la Cámara 64 para que la Asamblea Legislativa le exprese al ente colonial el más fuerte y energético rechazo a la intención de continuar con el menoscabo de los derechos de la clase trabajadora. De igual forma, emplacé al presidente de la Cámara y a su delegación, así como a la minoría popular, a unirse a la misma para detener el empeño de la Junta de seguir trastocando la vida de los y las puertorriqueñas.
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Esa Junta de Control se comporta como una fiera insaciable. Insatisfecha con la reforma laboral del año pasado, a la que no le bastó con arrebatar gran parte de los derechos históricos de la clase trabajadora, ahora pretende llevar a los y las trabajadoras a una esclavitud en tiempos modernos con las nuevas exigencias. Hablamos de la eliminación del bono de Navidad, la reducción por días de vacaciones y convertirla en una licencia voluntaria —si el patrono quiere darla—, la reducción de días por enfermedad, despidos libres sin justificación. La propuesta de reducir los salarios a los empleados del sector privado, con el alegado propósito de facilitar el “ambiente de hacer negocios en Puerto Rico”, es inaudita. Todas estas propuestas promoverán el empobrecimiento y la aceleración de la ya preocupante emigración de nuestra clase trabajadora y productiva en busca de mejores oportunidades y rehuyendo a estas medidas que retrotraen nuestro mercado laboral, como ya he dicho, a los tiempos de la esclavitud.
Al día de hoy, casi a un año de la aprobación de la primera reforma laboral y los estragos en el mercado laboral del país, ya se registra el despido de cientos de empleados en la empresa privada. Todo ello debido a la cobardía del actual Gobierno de no enfrentar, de una vez y por todas, a la Junta y por seguir las instrucciones de un engendro colonial que solamente tiene la tarea de proteger a los bonistas y garantizar el pago de la deuda. Mientras unos postulamos desde el día uno que, a la Junta de Control ni un vaso de agua, otros, como el Gobierno actual, fungen como los mayordomos de los representantes de Washington.
Pero, como si todo lo anterior fuera poco, la Junta también propone una reducción a las pensiones, que condenará a nuestros adultos mayores a la pobreza extrema como “pago y agradecimiento” por su servicio al país. Para “ejecutar” a los pensionados y pensionadas del Gobierno, la Junta disfraza sus perversas intenciones con el discurso de que “se protegerán a los pensionados más pobres”. ¿Existirá gente en este país que todavía les crea?
Por ello, mi llamado a la Asamblea Legislativa —que es la única entidad democráticamente electa por el Pueblo de Puerto Rico— a que le exprese a la Junta de Control Fiscal un “basta ya” de las medidas abusivas que nos condenan a la pobreza y desolación.
Mediante la Concurrente 64, si la mayoría parlamentaria asume su papel de defender el interés de los puertorriqueños, le dejamos meridianamente claro a la Junta que no aprobaremos ni una sola de estas medidas draconianas, mediante nuestro proceso legislativo.
Emplazo al liderato legislativo y al Gobierno a desistir de su actuación como verdugo del Pueblo de Puerto Rico, al plegarse y dar paso a la agenda y a los designios de la Junta que solo busca, torpemente y sin consideración social alguna, proteger a los bonistas y satisfacer el pago de la deuda.
