El comienzo de la vista preliminar en contra del exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, por delitos de índole sexual, se vio interrumpida el martes por el tema de la publicidad y la presencia de la prensa durante los testimonios clave en este proceso.
A pedidos de Wapa TV, el Tribunal Supremo accedió a que este proceso se transmita en directo con video y audio. Ante la preocupación por la publicidad a la que serán sometidas las alegadas víctimas, la jueza que atiende el caso resolvió que a las mujeres se les protegerá evitando que sus rostros sean retratados o grabados en video, pero sus testimonios serán escuchados y se harán en corte abierta, con público. La fiscalía dice que esto no es suficiente y ha pedido que se excluya totalmente a la prensa y al público durante esos testimonios para no “revictimizar” a las mujeres.
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Me inclino a favorecer la posición de los fiscales, aun cuando, en el ejercicio de mi profesión, eso supondrá que no tendré unos elementos clave en la narrativa periodística que desarrollaré en la cobertura de las vistas.
Cuando fui presidente del Overseas Press Club y, luego, de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), defendí la apertura total de los tribunales a la prensa. Lucha que por décadas dieron muchos compañeros, particularmente los fotoperiodistas al mando del fenecido Ismael Fernández. Cuando logramos, finalmente, en julio de 2013, la apertura y el acceso de las cámaras a los tribunales, siempre reconocimos que el acceso no era absoluto y que ello no podría representar una amenaza a la resolución de los casos que a diario se atienden en los tribunales. Al contrario, el acceso de las cámaras a los tribunales busca la transparencia en la rama de gobierno que hasta entonces estaba revestida de un manto de secretismo. Este acceso ha pretendido que el pueblo aprenda, conozca y fiscalice los procesos judiciales. Ese acceso por el que luchamos tanto los periodistas nunca han pretendido fomentar el bochornoso morbo que se promueve en ciertos espacios mediáticos.
Siempre manifestamos que éramos conscientes y que respetaríamos los remedios que activaran los jueces para proteger, en casos que sean televisados, a testigos sensitivos, evidencia delicada, víctimas de delitos y, obviamente, a menores, que ya están protegidos por ley.
En este caso, si se considera que las alegadas víctimas alterarán sus testimonios o que su ánimo se afectaría por la transmisión directa de sus declaraciones, creo que el tribunal debe acceder a la exclusión del público, permitiéndose luego que se tenga acceso a una transcripción de dichos testimonios. Claro, el imputado tiene derecho a reclamar un juicio público y poder carear a sus acusadores en corte abierta. La jueza tendrá que decidir. Sin embargo, la intención de la prensa nunca ha sido poner en jaque el desarrollo de los casos y el que no se resuelvan como se supone. Al contrario, pretenden poner el ojo público en el lugar donde se imparte la justicia, de una manera transparente en el interior de las salas judiciales. Para lograr eso, hubo múltiples reuniones y amplias discusiones bajo la presidencia de Federico Hernández Denton en el Tribunal Supremo.
Al momento, este acceso sigue bajo un “programa experimental”. Por eso, aprovecho la coyuntura para reclamarle a la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, que prosiga con esa agenda de apertura en los tribunales. Conozco de primera mano que la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo respaldan esa apertura, y es momento de lograr el acceso total en todos los centros judiciales de Puerto Rico. El programa ha demostrado ser beneficioso para el país. La presidencia del Tribunal Supremo ha dormido en este tema y eso es inexcusable.
