Ya estamos más cerca de la próxima temporada de huracanes que de los ciclones que nos destrozaron en septiembre pasado. A cuatro meses de comenzar el nuevo período crítico y a cinco de la pasada emergencia, es increíble pensar que tengamos aún cientos de miles de puertorriqueños sin luz, nuestras carreteras a oscuras y personas sin hogar. Peor aún, impera la desesperanza y el desconcierto en la administración del proceso de recuperación de parte de nuestros funcionarios públicos.
La última excusa para la aparente ineficiencia de muchos altos oficiales del Gobierno vino ayer del secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) cuando me dijo en Radio Isla que, si fuéramos un estado, con toda probabilidad los semáforos estarían funcionando. ¡Increíble! Al día de hoy, hay más de 400 semáforos que están inservibles en intersecciones de sectores que ya tienen energía eléctrica. La razón es que es la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que hacer la conexión y que ello no se ha podido lograr ante la falta de materiales encargados por el Cuerpo de Ingeniero del Ejército de los Estados Unidos. En síntesis, la lenta recuperación del país a juicio del Gobierno de Puerto Rico, sigue siendo del americano. La culpa la tiene el americano, aunque señalen que la solución es la entera integración política.
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Una tercera parte del país sigue a oscuras. Cientos de sectores siguen viviendo la crisis como el primer día. La pobreza se agudiza para miles de familias y la solución no puede ser para ellos que resolvamos el estatus político. Si bien es cierto que nuestra situación colonial incide sobre todos los aspectos de nuestra sociedad, aunque los estadolibristas no lo quieran reconocer, muchos problemas recaen sobre la ejecución de los administradores públicos locales.
También es cierto que ningún país, con la condición política que sea y menos nosotros con la precaria situación fiscal del Gobierno, puede salir por sí solo de una catástrofe como la que vivimos con los huracanes de septiembre. Pero llevar cinco meses echando culpas al Norte por la recuperación, también demuestra un pobre desempeño local, dentro de la capacidad limitada que existe.
Ayer le costaba al secretario del DTOP identificar las prioridades de su agencia cuando se le presenta la lista de las necesidades que exponen los ciudadanos: semáforos, carreteras rotas, puentes, letreros y deslizamientos. Suena preocupante que todavía la alegada prioridad sigan siendo los deslizamientos, no porque no sean peligrosos, sino por la idea de que existan situaciones de este tipo aún sin resolver.
De la Autoridad de Energía Eléctrica ya casi ni se escucha, más allá del abortado plan de los apagones, que dramatizó el problema de credibilidad que se intensificó con las representaciones, aparentemente falsas, ante la jueza Swain, cuando se le requirió autorización para un préstamo al fondo general. Mientras tanto, sigue el Tesoro federal aguantando los $4 billones en préstamos autorizados por el Congreso en octubre, porque aún no se le ha demostrado la quiebra total del estado. De hecho, ayer Hacienda aceptaba que el balance estaba por los $1.8 billones y que, aun ejecutando el préstamo a la AEE, tienen dinero para seguir operando. Están lejos de los $800 millones que exige el Tesoro como límite para apretar el botón del pánico y, al parecer, llegar a esa cifra es incierto, pues por ahí vienen las planillas y, por ende, un aumento en el cash flow de Hacienda.
A cinco meses de los huracanes y faltando cuatro para que nos hablen de una nueva temporada de ciclones, más vale que nos pongamos las pilas como país, porque si no, nos quedaremos sin poder arrancar. Necesitamos luz verde en el país, también para la eficiencia y la responsabilidad.