Es tiempo de reformas. Y ahora toca el turno al Departamento de Educación. Como en otros renglones de nuestra vida como pueblo, parece evidente el consenso de que no estamos conformes con el desempeño de nuestro sistema público de enseñanza. Pero, como siempre que se habla de cambios, la idea de una reforma llega de la mano de una enorme cantera de dudas. Ese es el caso con el proyecto enviado desde Fortaleza y que tiene como platos fuertes los llamados “vales educativos” y las escuelas “chárteres”. Más allá de la controversia propia de este tipo de propuestas, me parece que el problema principal es lo que no se dice.
Aunque una reforma de este tipo requiere análisis antes de asumir posturas, ese análisis no puede ser completado porque es mucha la información que no está disponible. Se me ocurren algunas preguntas.
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¿Pueden todas las escuelas ser chárteres? ¿Qué criterios serán utilizados para que lo sean? ¿Cómo serán elegidos los niños para los vales? ¿Cómo serán escogidos los niños para entrar en las escuelas chárteres? ¿Cómo las escuelas deciden quién entra y quién no? Ya se ha dicho que los maestros pierden sus derechos de convenio colectivo si son empleados en una escuela chárter. Pero ¿qué pasa con esos derechos si luego regresan a escuelas regulares?
¿Tendrán los maestros plan de retiro? Si es así, ¿cómo funcionará? ¿Pueden recibir dinero público en forma de vales o contratos para “chárter” colegios privados afiliados a denominaciones religiosas? Si efectivamente habrá escuelas destinadas a estudiantes de educación especial, ¿afectará eso el envío de fondos por la Ley IDEA, que obliga a la integración en los salones de clase? ¿De dónde exactamente saldrá el dinero para el tan esperado aumento salarial a los maestros?
¿Sabe usted las respuestas? Y si no las sabemos ni usted ni yo ni la clase política, ¿cómo puede aprobarse o rechazarse el proyecto? El paso responsable es contestar. Luego ya veremos.
