Por: Denis Márquez
Representante Independentista
Desde el Partido Independentista Puertorriqueño hemos planteado —en la pasada campaña y por años— que la educación pública debe ser el gran elemento democratizador en una sociedad: la utilización de los recursos comunes para brindar la mejor preparación posible a nuestra niñez y juventud, conscientes de que esa inversión es la más importante para nuestro futuro como nación.
En Puerto Rico, sin embargo, la educación pública ha sido víctima, bajo el PNP y el PPD, de una campaña sistemática de desamparo y desprestigio para allanar el camino hacia su privatización. Imponiendo políticas laborales y de austeridad que hacen blanco en el magisterio, hasta la negación de servicios a los niños y niñas de Educación Especial, rojos y azules han utilizado los recursos del Departamento de Educación (DE) para empobrecer el ofrecimiento educativo del país ampliando la brecha entre los que tienen capacidad económica para sufragar escuelas privadas y quienes no tienen otra alternativa que someter a sus hijos a un sistema que requiere urgentes y profundas reformas.
El miércoles pasado, en la vista pública sobre el plan de privatización del DE señalé algunas de las deficiencias contenidas en el proyecto 1441, que crearía el marco jurídico que daría paso a una sola cosa: traicionar nuestro sistema de enseñanza público.
Convenientemente, el Gobierno obvió por completo establecer el mandato constitucional de que no se utilizarán fondos públicos para el sostenimiento de escuelas privadas en la declaración de política pública que se establece en la medida.
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En su ponencia, la secretaria de Educación nos reveló lo que he llamado el “triángulo del mal” en las escuelas a privatizarse: los autorizadores, las entidades es educativas certificadas y, finalmente, las escuelas alianzas. No es otra cosa que la renuncia del DE a su función constitucional de fortalecer nuestro sistema educativo lejos de entregarlo y traicionarlo. Cuando se revisa detenidamente el proyecto de ley, saltan a la vista todos los poderes que se otorgan al autorizador, incluidos el de supervisar, el control sobre las escuelas, las reglas y cartas constitutivas y la imposición de currículos. Es delegar a una entidad privada las herramientas para controlar el sistema de educación pública en Puerto Rico.
También es importante señalar que no existe una obligación expresa en la que los estudiantes de Educación Especial vean garantizada esta.
De igual forma, señalé en la vista, que los empleados que vayan a una supuesta escuela alianza bajo licencia sin sueldo serán empleados de una empresa privada de libre remoción, como es ahora con la reforma laboral. No hay ninguna garantía de que se les vaya a restablecer de manera inmediata a su empleo.
Es cuestionable, también, que el DE cree una junta de apelación bajo los poderes de la secretaria de Educación para adjudicar las controversias obrero-patronales de los empleados con jueces administrativos cuando la tradición histórica del DE es que sean entes independientes. Fue una ganancia de la Ley 45 los procesos de arbitraje con entes externos que no dependen del poder de designación de la secretaria de Educación.
Hay áreas dudosas, como la indefinición dentro del proyecto a los efectos de alianzas o trabajos con el tercer sector. No se explica este concepto, lo cual me plantea serias preocupaciones sobre el argumento constitucional de la separación de Iglesia y Estado. Existen otras áreas en el proyecto que continuaremos analizando, fiscalizando e informando sus nefastas consecuencias.
Esta traición a la escuela pública no debe consumarse. Desde nuestro espacio en la Legislatura la combatiremos.