Detrás del escándalo que cubre a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), tras conocerse las artimañas políticas de su fugaz expresidente, Rafael Ramos Sáenz, hay más que una violación a los cánones de ética y una imprudencia en el proceder de un miembro de la judicatura y varios abogados, a juzgar por las informaciones que, poco a poco, van trascendiendo sobre este caso.
Todo apunta a que el revuelo que ha desatado la divulgación de una extensa comunicación entre Ramos Sáenz y líderes de la campaña del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, a través de la red de mensajes en WhatsApp, podría desencadenar en la revelación sobre cómo se manipuló en la isla el voto de los electores encamados en una zona del área oeste del país.
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Si fuera así, y de comprobarse manejos turbios en la identificación de este grupo electoral y en la adjudicación de sus votos, caería sobre los hombros del primer ejecutivo un mar de sombras sobre la legitimidad de su elección.
Pero todo está por verse. En ese sentido, las investigaciones en curso serán fundamentales para correr la cortina y mostrar la verdad de los hechos, lo que aportaría para evitar la deshonra de nuestro sistema electoral.
En tanto, lo que este caso vuelve a traer sobre la mesa es la manera en que el Gobierno realiza la selección y el nombramiento de los miembros de la judicatura. Por eso, no basta con destituir a Ramos Sáenz —lo que tiene merecido— si no se toman medidas urgentes que atiendan la preocupación en torno al proceso de designación de jueces y la evaluación de su comportamiento antes y durante el ejercicio de su término en la judicatura.
El tema es importante porque este no es el primer caso en el que presenciamos una conducta indebida e inmoral de un juez. Basta repasar la memoria para ver cómo en los últimos cinco años ha desfilado evidencia sobre la actuación de varios jueces, señalados y acusados por corrupción y otros delitos.
Por ejemplo, ahí está el lío de Manuel Acevedo Hernández, que ocupó una silla en el Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla y quien vendió la honra de su posición en la judicatura por unos miserables miles de dólares, un par de yuntas para emperifollar sus camisas, dos relojes, una motora y un poco de cemento en su marquesina a cambio de exonerar de culpa a un sujeto de nombre Lutgardo Acevedo, que provocó la muerte de un ciudadano tras impactarlo con su auto.
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También está el caso del exjuez Reinaldo Santiago Concepción, acusado en 2013 de violencia física y sicológica contra su pareja y, como si fuera poco, de consumo y adicción al alcohol y la cocaína.
Sujetos como estos, entre otros más, mancillan la honra del servicio público y, lo que es peor, desmerecen la labor judicial y laceran la confianza que la ciudadanía pueda tener sobre la justicia.
Actuaciones como las de estos señores, además, ponen sobre el tapete la interrogante de hasta dónde los trámites para realizar nombramientos en la judicatura, al igual que en la fiscalía, continuarán amañados de la influencia de intereses personales, políticos y partidistas.
No nos llamemos a engaño. Ese juego de incidir en la designación de jueces y fiscales, al margen de las calificaciones que pueda o no tener el nominado, es algo que no escapa a la vista del país. Y molesta porque la demagogia y el juego politiquero de nombramientos judiciales se ha convertido en una práctica ordinaria cada vez que hay una posición vacante.
Mas la culpa de que estos procesos estén carcomidos del egoísmo partidista cae sobre los políticos, por ser ellos quienes han perpetuado la práctica de compensar a sus amigos y correligionarios con posiciones en la judicatura, sin necesariamente tomar en consideración su capacidad intelectual, su temple judicial y su conducta moral y ética.
Ocurre cuatrienio tras cuatrienio, cuando políticos que ocupan altas posiciones de poder lanzan nominaciones fast track que aterrizan a la consideración del Senado a altas horas de la noche, al cierre de una sesión legislativa, sin vistas públicas y sin debate.
La experiencia más reciente fue al concluir el año 2012, bajo la administración del Partido Popular Democrático, cuando la Cámara Alta envío a la judicatura a una docena de amigos leales de su partido.
Por eso, se hace urgente que se tomen medidas para cambiar, de una vez y por todas, la forma como se eligen los funcionarios judiciales.
