Por: Denis Márquez Lebrón
Representante PIP
La Junta de Control Fiscal sigue demostrando que son los verdugos de Puerto Rico. En las cartas dirigidas al Gobierno se confirma lo que el PIP anticipó desde la pasada campaña cuando acuñamos la frase “ni un vaso de agua” al ente impuesto por el Congreso.
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La Junta habla de “cambios estructurales”. Ese discurso se asemeja a lo que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial les han exigido durante años a muchos países endeudados. ¿La receta? La misma en todos los casos: privatización, desregulación y reducción del tamaño del Gobierno. Neoliberalismo 101 o, como lo he llamado en diversos foros y medios de comunicación, la esclavitud en tiempos modernos.
La misiva expone, en vivo y a todo color, la intención de la Junta de continuar con la eliminación de los derechos conquistados por los trabajadores que inició el año pasado con la reforma laboral y el empleador único. Además, pretenden proseguir con la reducción de los salarios a los empleados del sector privado, con el propósito de facilitar el “ambiente de hacer negocios en el país” a costa de la clase trabajadora.
El afán de la Junta de Control es tal, que, para garantizar el pago a los bonistas, como siempre lo he denunciado, proponen menoscabar hasta las pensiones de nuestros adultos mayores. Van a agudizar la pobreza en dicho sector si el Gobierno dobla rodillas y acata la directriz de reducir las pensiones y su compromiso de pago con los jubilados. Esta medida se fundamenta en los mismos principios que sostienen todo el plan, disfrazando su propuesta con el discurso de que “se protegerá a los pensionados más pobres”. Nadie debe creerle esta mentira a la Junta.
Por otro lado, la visión sobre la función de los municipios no toma en cuenta que estas unidades administrativas del Gobierno de Puerto Rico son las primeras a las que acude el ciudadano. Eliminar el 80 % del subsidio gubernamental es la forma perfecta para empobrecer municipios y allanar el camino para privatizar servicios. Obviamente, como ya he dicho, muy afín con la visión de la Junta.
Risible resulta, también, la exigencia de que el Gobierno acumule $650 millones en los próximos cinco años en fondos para emergencias ($1,300 millones en diez años), como lo hacen los estados de EE. UU. Ello significaría exigirle a un país quebrado, subdesarrollado y empobrecido, que haga lo mismo que los estados del país más rico.
La Junta le lanza al Gobierno, además, una advertencia: $400 millones anuales en fondos para infraestructura es muy poco. Acto seguido aclara que el Gobierno federal no proveerá la totalidad de esos fondos. En otras palabras, “arréglenselas como puedan”.
El pasado miércoles radiqué en la Cámara la Resolución Concurrente 64 para expresar a la Junta de Control Fiscal el más fuerte y enérgico rechazo a estas y otras recomendaciones de Reforma Laboral y Pensiones y para que la Asamblea Legislativa desista de confabularse como “verdugo” del Pueblo de Puerto Rico, siguiendo las instrucciones de una entidad no electa, impuesta mediante el más burdo ejercicio colonial, que solo busca, torpemente y sin consideración social alguna, proteger a los bonistas y satisfacer el pago de una deuda maldita, que pesa sobre nuestro pueblo como una espada de Damocles.
