Por: Denis Márquez Lebrón
El pasado lunes, en conferencia de prensa, catalogué como una torpeza legislativa y constitucional los planes de reorganización de agencias propuestos por la actual administración. Tal y como lo he denunciado en otros asuntos ello representa un atentado en contra de las prerrogativas legislativas. He señalado, además, el impacto adverso que tendrán los planes de reorganización en los empleados gubernamentales y los conflictos de interés y administrativos en las agencias. Tampoco, ninguno de los planes genera un verdadero ahorro al erario como plantea el Gobierno para justificarlos.
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Un ejemplo que me resulta preocupante es el futuro de la Junta de Planificación bajo el esquema propuesto. La agencia, ha desempeñado un papel muy importante en la producción de información relacionada, no solo con la planificación económica, sino también con la social, ambiental, urbana, de usos de terrenos, y ramas relacionadas con esa disciplina. Por ello, resulta cuestionable si el “adscribir” la Junta de Planificación al secretario de Desarrollo Económico y Comercio implicará que los criterios para ejecutar el Plan de Usos de Terrenos (PUT), que tantos años de trabajo costó, ahora van a estar determinados por una visión puramente comercial y “desarrollista”, o si dicho plan continuará concibiéndose bajo los criterios científicos y de planificación integral y de largo plazo que le dieron origen a esa iniciativa. De igual forma, la mal llamada “externalización” del Instituto de Estadísticas.
En el caso del plan de reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, advierto que, si se aprobara este plan, agencias que adjudican controversias obrero patronales serán fusionadas bajo la autoridad de un secretario auxiliar nombrado por el Departamento del Trabajo. Ciertamente, la autonomía decisoria y la imparcialidad que provee el nombramiento a término de los entes adjudicadores son fundamentales para proveer a los trabajadores la certeza de que se están sometiendo a un proceso justo e imparcial, en el que sus reclamos sean atendidos conforme a derecho y no conforme a la política partidista del Gobierno de turno, como podría ser al estar bajo el mandato de un secretario auxiliar.
Por otro lado, el plan de reorganización sobre el Bosque Modelo, pretende trastocar los propósitos que dieron vida al proyecto, una propuesta de gestión territorial que se centra en su gente, con una visión común, trabajando en alianzas hacia el desarrollo sustentable de todo el territorio, donde coexisten distintos usos de la tierra, actividades y valores de la tierra y donde el ecosistema forestal juega un papel importante.
En el caso del Consejo de Educación, el plan pretende transferir, agrupar y consolidar algunas de las funciones, servicios y facultades que no son especificadas del Consejo de Educación de Puerto Rico y de su entidad adscrita la Comisión de Educación Alternativa al Departamento de Educación. Es alarmante que el funcionamiento del Consejo —que es una agencia autónoma con funciones de licenciamiento de educación y de educación superior— caiga en una estructura altamente burocrática e ineficiente, como el Departamento de Educación.
La aprobación de estos planes tendrn consecuencias adversas para el funcionamiento del Gobierno y el país. Los servicios a la ciudadanía y empleados públicos se verán afectados. Los planes de reorganización, tal y como han sido propuestos, son una torpeza legislativa con visos de inconstitucionalidad. El mismo lunes presenté ante la Cámara de Representantes varias resoluciones para rechazarlos.
