Los últimos Gobiernos que han regentado el país han ido allanando el terreno para cederle al sector privado el negocio de la generación de energía. Buena o mala, esta idea, como ya sabemos, no es nueva.
En el pasado cuatrienio, por ejemplo, el Senado de Puerto Rico abonó la ruta de la privatización con la aprobación de varias leyes, de manera que fuese armándose un nuevo ordenamiento legal que viabilizara la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Aquella intención se acompañó de una agresiva campaña de demonización de la corporación pública en voz del otrora presidente senatorial, Eduardo Bhatia Gautier. Los ataques del político del Partido Popular Democrático hacia la AEE, y en particular contra los gremios sindicales de esa entidad pública, fueron, y continúan siendo, fuertes, desmedidos y pendencieros.
Por eso, desde entonces, el senador habla, entre otras cosas, de la urgencia de liberarnos de la “esclavitud” que para él representa la existencia de una única corporación pública a cargo de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
Sin embargo, que el Estado sea quien controle la administración de toda la cadena de producción energética en la isla no es un acto impúdico. En otras partes del mundo hay buenas experiencias que confirman que los modelos de energía concebidos como utilidades públicas logran ser eficientes y efectivos.
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Lo que, por el contrario, sí es obsceno y malicioso son las acciones y determinaciones derivadas de la gestión político partidista. Intervenciones demagógicas que, en nuestro caso, han llevado a la AEE a la precaria y débil situación en que se encuentra.
Por eso, no podemos pasar por alto que la crisis financiera de esta corporación, al igual que los serios problemas en sus operaciones, no resultan de su carácter público ni mucho menos de la presencia de sindicatos. Errado es también pensar que la privatización es la cura mágica para todos los males de la AEE.
Si repasamos la historia de esta corporación encontramos que sus problemas están ligados a los enfoques con que se ha conducido su dirección. Malas decisiones fiscales y gerenciales crisparon su funcionamiento al punto que, hoy día, aquella entidad que encabezó el proyecto de desarrollo económico de la modernidad es un monopolio en quiebra.
Mas nadie se llame a engaño. Hace tiempo que venimos escuchando cómo administración tras administración han tirado al abandono a la AEE. La carencia de materiales, el retiro forzoso al que han sometido a sus empleados y la dejadez en el mantenimiento de sus plantas y líneas ha sido la orden del día, hartamente denunciado por los gremios laborales de la corporación.
Por eso, era de esperar que el fuerte azote que nos propinó el huracán María redundara en una larga y tediosa suspensión del sistema eléctrico en el país. Nadie estaba preparado para un impacto de tal magnitud, menos en un país cuyo andamiaje de producción y distribución de electricidad sufría una tediosa agonía.
Ahora, ¿que el Gobierno ha debido actuar con mayor efectividad en el restablecimiento del sistema? Sí. ¿Que podría hacerlo? Claro. ¿Que no actúa porque hay un diseño para acelerar la venta de la AEE, considerando que este es el momento perfecto para impulsar la privatización al aprovecharse del descontento que existe en la ciudadanía por sentirse viviendo a oscuras? También.
Entonces, a lo que nos enfrentamos no es a una transacción de venta de la AEE, que ha sido articulada considerando los mejores intereses del país. Por el contrario, podríamos estar ante un negocio pernicioso en el que el Gobierno privatiza las ganancias que genera la producción de energía y socializa las pérdidas que provocan la fragilidad del sistema de transmisión y distribución.
La privatización, como práctica de administración pública, no es un sacrilegio siempre y cuando se conduzca con transparencia y anteponiendo el bienestar colectivo al afán de lucro de los privatizadores y a la avaricia de los cabilderos y amigos del Gobierno.
Empero, la experiencia de nuestros Gobiernos negociando los bienes públicos con el sector privado son malas y han tenido efectos duros para el bolsillo de la ciudadanía. Ahí está el ejemplo de lo que sucedió cuando se vendió la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y ni hablar de los efectos que todavía sufrimos por la venta de nuestros hospitales y centros de salud.
Hay que andar atentos ante los pasos que pretenda dar el gobierno para desprenderse de la AEE. Esto no puede convertirse ahora en un chijí chijá a favor de venderlo todo porque no confiamos en nuestros gobernantes.
Hace bien el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuando advierte que examinará con detenimiento el proyecto de ley que presentará el gobernador para privatizar la corporación pública y que procurará que los activos del país y el bienestar de su capital humano no se echen por la borda.