Por: Denis Márquez Lebrón
Finalmente se concretizó lo que diversos sectores sociales y políticos habíamos denunciado por años: la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, un golpe bajo y terrible al país.
Tras décadas de clientelismo e inversionismo político, una crasa administración de la alta gerencia de la Autoridad y el despilfarro de dinero bajo Gobiernos rojo y azules, hoy se pretende condenar al país a la utilización de combustibles fósiles y a pagar más por el servicio de electricidad. Pero, además, representa una traición al interés público puertorriqueño, que verá la entrega de su principal activo puesto en las manos de los intereses representados por la Junta de Control Fiscal. La venta de la AEE es otro mandato y designio de dicho organismo colonial al que este Gobierno ha decidido doblegarse una vez más.
Es, también, una gran insensibilidad de la que este Gobierno pretende sacar ventaja aprovechándose de la vulnerabilidad de miles de familias que aún no tienen energía eléctrica luego del paso del huracán María. Claramente, un mensaje de manipulación mediante el cual la crisis social en que vivimos está siendo utilizada para impulsar la privatización.
No olvidemos tampoco que este Gobierno que propone la venta de los activos relacionados con la generación de electricidad de la AEE, es el mismo Gobierno al que, supuestamente, se le escapó de las manos la trampa del contrato de Whitefish y que aseguró que el 95 % del país tendría energía para diciembre.
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Precisamente, para cuando el gobernador lanzaba dicha promesa —hoy estrepitosamente incumplida— realicé un foro en el que expertos catedráticos del RUM plantearon el sistema eléctrico que Puerto Rico necesita fuentes de energía renovable y microrredes comunitarias, entre otros aspectos. Allí se presentaron estadísticas contundentes que muestran cómo aumentaron los costos de energía eléctrica en lugares donde se privatizó el servicio eléctrico, como hoy propone el Gobierno en Puerto Rico.
Será, además, un mal negocio para los puertorriqueños. El modelo de privatización del que ha hablado Fortaleza ocurrirá, principalmente, en el área de la generación que, contrario a las áreas de transmisión y distribución, produce ganancias. Es decir, el Gobierno entregará al mejor postor la parte gananciosa de la AEE y dejará en manos del erario las partes que generan pérdidas.
Este servidor y el partido que represento creemos que la energía eléctrica es un derecho humano y que este tiene que ser un bien público manejado de manera eficiente, no como una finca partidista que dependa del Gobierno de turno, como ha ocurrido en Puerto Rico.
La privatización no es un modelo de eficiencia ni ahorros como lo evidenciaron la ineficiencia de ONDEO en la AAA, y la privatización y el aumento de costos en los peajes de Metro Pistas y el puente Teodoro Moscoso. Todos han representado un perjurio para el país.
Desde la Legislatura, el PIP combatirá esta afrenta al país, que pretende que elementos extranjeros se lleven las ganancias y dejen al pueblo de Puerto Rico con las pérdidas.