La propuesta privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica en los próximos 18 meses no podría llegar en un peor momento. La última gran contratación con el sector privado que se realizó en la Autoridad, la de Whitefish, fue también el comienzo de la precipitada caída de la confianza que le tenían el pueblo y las autoridades federales al gobernador Ricardo Rosselló. La credibilidad del país, y más que nada la de esta administración, está por el piso. Como también sigue en el piso la infraestructura eléctrica de Puerto Rico, con cerca de un 40 % de las residencias todavía hoy a oscuras, lo que afectará la valoración de los activos que habrán de venderse. Igualmente, las promesas de utilizar el dinero para la reconstrucción enviado por FEMA para la creación de un nuevo sistema de energía en el país, parecería que quedarán en nada.
Que quede claro: en el pasado, abogué en estas páginas por la inserción de elementos privados en la generación, en infraestructura y en alternativas de energía renovable. En octubre de 2013, publiqué una columna sobre la Autoridad intitulada “Acabemos con el secuestro”. Comenzaba diciendo: “[L]a Autoridad de Energía Eléctrica nos tiene secuestrados. No se trata de un problema de reciente creación ni mucho menos de un tema que debamos abordar con gríngolas partidistas. No se trata de quienes hoy administran la Autoridad ni de quienes la han administrado en el pasado. Se trata de una estructura que ya no sirve a los propósitos del país.”
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Reitero esas palabras y me sostengo en que la privatización de gran parte de ese tinglado hace falta.
Sin embargo, en este momento no se trata de si el Partido Nuevo Progresista o el Partido Popular Democrático pueden hacer un mejor trabajo transformando la Autoridad. Mi argumento no es que el PNP no, y el PPD sí. Es más, para fines de esta columna, estipulemos que no podemos saber a ciencia cierta cómo obraría el PPD. Ahora bien, de igual forma, estipulemos que sí sabemos cómo obró este Gobierno, no en el pasado lejano, sino hace apenas unos meses, en medio de una verdadera crisis humanitaria.
Recordemos que este Gobierno puso a los amigos del buen vivir primero y dejaron al pueblo en la estocada. Contrataron a Whitefish por cantidades exorbitantes de dinero en condiciones que todavía levantan serias dudas. Acotemos, además, que este mismo gobierno todavía no ha reconocido que fue un error dicha contratación. Tan es así que, al ordenar su cancelación, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, adujo que se debía a que la empresa se había convertido en una “distracción”, no a que hubiera sido una decisión desacertada. Como también despidieron al entonces director de la Autoridad, Ricardo Ramos, para disipar otra “distracción” pública.
Tampoco podemos olvidar que el Senador demócrata de Montana, Jon Tester, al enterarse de la escasa experiencia de Whitefish, preguntó en una vista pública: “¿Qué clase de personas están en esa junta?”, en referencia al cuerpo rector de la Autoridad. Presumiblemente, es la clase de persona en quien ahora confiaremos para vender la empresa que nos lleva energía a nuestros hogares.
Hablando de cosas que se olvidan, el gobernador no hizo mención durante su mensaje esta semana del cerca de millón de personas que sigue sin luz en sus hogares. ¿Cómo es posible dirigirse al pueblo sobre la Autoridad sin siquiera mencionarlos?
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En fin, estamos ante un Gobierno cuyas prioridades, particularmente en lo referente a la Autoridad, están torcidas. Igual que pusieron a intereses privados primero, aun cuando tú estabas, o todavía estás, sin luz, podemos anticipar que volverán a priorizar intereses ajenos al bien público. Igual que entregaron la recuperación del sistema más importante del país a dos chamacos incompetentes de Montana, podemos anticipar que su selección de empresas para guiar tan vital infraestructura nacional será errada. Y lo más lamentable, si en efecto se configura la venta de la Autoridad en año y medio (cosa que de por sí es incierto), el país habrá entregado la dirección de su política energética sin haber definido el camino al que aspiramos.
El problema no es el sector privado; hace muchas cosas bien. Como tampoco, en principio, es problema el sector público. La controversia no es entre el Gobierno y la libre empresa; es entre este Gobierno y el pueblo.
