Se abrieron las compuertas y el país polarizado está de nuevo ante nosotros. Un sector está a favor y el otro, en contra. Ante nosotros la avalancha de opiniones contundentes y concluyentes, mientras observamos que casi todas carecen de información y están solo motivadas por el fanatismo ideológico. Y digo ideológico, no político-partidista, porque la privatización es parte de una filosofía de gobernar, no tiene que ver necesariamente con las tribus locales.
La propuesta del gobernador Ricardo Rosselló merece una discusión seria y profunda, antes de que unos y otros salten a sus respectivas esquinas tras varios meses de una cartelera de boxeo que se había puesto en pausa por la recuperación del país. La Fortaleza fue el árbitro, siguiendo la analogía del boxeo, que hizo el llamado al ring, y tenía que imaginarse que, tras el receso, los bandos se lanzarían con más fuerza que nunca. Si hubo estrategias de por qué se escogió este momento para hacer el anuncio, eso será materia para el debate de los estrategas en la politología.
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La discusión sosegada que debe ocurrir ahora es por qué el Estado sigue este ritmo cíclico de desmantelar los haberes públicos en vez de corregir los errores profundos que ocurren en el interior del Gobierno y que están claramente identificados. Se trata de problemas que no son exclusivos del Gobierno de Puerto Rico ni tampoco lo son las soluciones que se toman, como estas.
No estoy asumiendo una posición a favor o en contra de la privatización de la AEE. Es más, creo que, en esta coyuntura, el tema requiere un análisis frío ante la catástrofe que hemos vivido. Tampoco creo pertinente que nos aferremos a discursos sindicalistas trasnochados planteando, por ejemplo, que la AEE es un patrimonio nacional.
La discusión de país tiene que ser sobre si las fallas en atender las necesidades ciudadanas tienen que ver con que si quien provee los servicios es un ente público o privado. El Gobierno ha sido exitoso en muchos momentos históricos, en muchas áreas; el sector privado, igual. De igual forma, ambos han fracasado en otros tantos temas. Hay gobernantes que han triunfado en servir bien a la gente ante problemas colectivos. Hay privatizaciones que han sido acertadas. Hay otras que han fracasado. Hay unas que se nos vendieron como las soluciones a los problemas fiscales. Nada más lejos de la verdad.
Creo que el fracaso en atender las necesidades ciudadanas, llámese educación, seguridad, salud, luz o agua, tiene que ver con muchos factores. Estos son ausencia en el compromiso de servicio, fallas en los sistemas educativos, ausencia de reconocimiento a la productividad en el sector laboral, el no cumplimiento a la ley que obliga a que se honre el principio de mérito, el haber pospuesto el castigo a la mediocridad, el no haber fortalecido la supervisión a todos los niveles, el no haber articulado operaciones costo eficientes en el aparato público, etc. Esto no tiene que ver con el sector público o privado. Estas son fallas que se han cometido por décadas, pero que son más complejas de resolver porque requieren un mayor riesgo político y una voluntad de gobierno más fuerte. A mi juicio, de eso es que se trata. En cambio, los Gobiernos azules y rojos recurren a la vía fácil de despojarse de las responsabilidades y convertirse en un mero regulador de los servicios esenciales. Ello es contrario a la naturaleza misma del Gobierno, que es atender los problemas comunes, aunque hacerlo le resulte perdidoso económicamente, porque el bien común es más importante. Esa no es la máxima del capital.
No hay nada que despinte la privatización de la AEE, pero me parece que, en lo sucesivo, ante las agencias que quedan vivas, algunas exitosas y otras no, debemos hacer una introspección para no caer en lo mismo cada 10 años, como hemos visto en nuestra historia reciente. Porque de lo contrario, seguiremos endeudados, al final con nada para vender, un Gobierno inoficioso y una ciudadanía desatendida a la merced de unas juntas directivas corporativas ajenas a nuestras metas como pueblo. A esto le sumamos que seguiremos pagando las mismas o mayores contribuciones por un aparato público que no es el responsable principal de los servicios que se supone que estemos costeando.
Prefiero aferrarme a la versión romántica del Gobierno antes de claudicar, aunque otras filosofías legítimas de gobernar estén sobre la mesa y sean las más simpáticas.
