El anuncio del gobernador Ricardo Rosselló de que venderá los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica no debería causar sorpresa. La diversidad de opiniones a favor y en contra han colmado las redes sociales.
Todo el mundo sabe que la corporación pública en venta es la gallinita de los huevos de oro y que, si sus paredes hablarán, serían muchos más los señalados en las altas esferas. Se debe escuchar la posición de todos, pero me parece que han sido muchas más las voces de los sectores que gritan “no al monopolio”, que exigen tarifas más bajas y un servicio óptimo, el cual no tenemos. El huracán María adelantó el colapso del sistema, cuyas deficiencias se intensificaron por la falta de mantenimiento y el robo de dinero. Una fuente cercana a las codiciadas sillas de la Junta de Gobierno de la AEE me indica que lo que se cuecen son habas, en referencia a todos los que se están afilando los colmillos para servirse con la posible venta de activos. De paso, usted puede escuchar las grabaciones de las reuniones del organismo en Internet. Me consta que hay gente muy probada en la Junta que ha intentado detener intenciones absurdas que redundan en aumentos a la tarifa que pagamos todos, pero el poder y las amenazas han sido mayores.
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Por décadas, la AEE ha sido una de las agencias que evita a la prensa. Precisa ocultar documentos aduciendo secretividad y violación a la intimidad del abonado. Violación y corrupción han sido las décadas que cada abonado ha esperado por algún erudito que le explique la aritmética utilizada en la fórmula inventada para llegar al total adeudado de la factura. En la Legislatura, recuerdo las audiencias en las que se interpelaba a los directivos de la agencia y se quedaban en La La Land porque no tenían respuesta. Lo que sí es obvio es que unos centavitos de aquí y de allá engrosan arcas. Ahora que es un hecho la intención de la venta, suponemos despidos, alza tarifaria, pérdida de subsidios, protestas, huelgas y colapso del sistema. Todas esas consecuencias a quien impactan gravemente es al pueblo, que no se sirve del banquete que se reparte en la AEE. Ni siquiera disfrutan de una reducción sustancial en la factura, al contrario, le siguen llegado facturas de miles de dólares sin tener servicio.
¿Qué sucederá con los sectores donde nunca llegará el servicio de electricidad? ¿Por qué no se les habla claro a los residentes que aún viven en la oscuridad? ¿Por qué se evita a toda costa que la prensa revise documentos que son públicos? ¿Por qué se esconden los directivos de la agencia y por qué hemos sido tan pacientes ante lo evidente?
Ahora que el Gobierno quiere vender, es más que necesario la llamada transparencia, cuya definición nunca los directivos de la agencia han puesto en práctica. Si la venta redundara en beneficios para el pueblo, no creo que haya alguien que estuviera en contra. Ya verán que los detalles del contrato de venta se ocultarán aduciendo privacidad, lo cual es falso porque el pueblo tiene derecho a conocer en qué se gasta o cómo dice el Gobierno en qué se invierte cada centavo de su dinero. El gobernador Rosselló muy bien resumió las deficiencias que propician la venta. De ello no hay duda. Ahora, ante ese tétrico escenario, como él lo calificó, ¿quién garantiza que el pueblo saldrá beneficiado? Quizá pagaremos tarifas más bajas, seguridad y eficiencia. Es sumamente importante conocer cómo se gastará el dinero producto de la venta, pues en el pasado, se ha pagado deuda con dinero no recurrente, producto de venta de activos.
Para que se contesten cada una de las preguntas, tienen que abrir la venta al pueblo; es decir, que podamos ver los documentos, y no, que pasen décadas o que llegue otro huracán para que podamos enterarnos de cómo hemos sido utilizados como marionetas.
