Justicia contributiva

Por: Denis Márquez Lebrón
Representante PIP

En el día de ayer, participé de una vista pública sobre legislación para regular y fiscalizar a los “PBM” bajo el actual modelo de salud. Allí argumenté, como lo he hecho siempre, que la salud de un pueblo no debe ni puede estar a la merced del mercado. La salud no es un negocio es un derecho y los problemas como el que se atendió en dicha vista son solo la manifestación de un esquema de salud que está basado en el lucro desmedido de varias corporaciones y no en el derecho de las personas a un sistema accesible y justo.

Finalizada la vista pública me dirigí de inmediato al hemiciclo para participar de la sesión legislativa y allí ocurrió exactamente lo mismo, pero sobre el tema de la reforma como contributiva. Al igual que ocurre con el modelo actual de salud, Puerto Rico necesita una trasformación profunda y verdadera —más allá de remiendos rimbombantes cada cuatro años— justa para los ciudadanos y que sirva de base para achicar la brecha de desigualdad económica.

Recomendados

Gobierno de Estados Unidos anuncia subvenciones para proyectos solares

Cangrejeras de Santurce se coronan campeonas del voleibol femenino

Sistema de salud de Haití se tambalea con pocas reservas, hospitales atacados y puertos cerrados

La reforma contributiva tiene que concebirse como un mecanismo de justicia social de largo plazo, no como un proyecto enmendable cada diez años. Tiene que sentar las bases para la redistribución del ingreso, para la reducción de la pobreza y de la marginalidad. Tiene que premiar la producción y la creación de empleos, especialmente al capital nativo en todas sus formas, pero más aún si se trata de cooperativas, corporaciones de trabajadores y empresas comunitarias y familiares.

Cualquier reforma contributiva que se proponga al país tiene que ser, además, integral. De igual forma, la reforma deber ser inclusiva, no fragmentada. En la historia de la legislación sobre temas contributivos en Puerto Rico, siempre se ha separado lo que tiene que ver con los incentivos contributivos al sector manufacturero y lo que tiene que ver con los individuos y sociedades/corporaciones locales. La propuesta del PIP es que todos los sectores estén incluidos en un solo paquete legislativo o en un solo código.

Otro aspecto medular, y lo anticipo, es cómo quedará la tasa contributiva del IVU. La tentación de aumentarlo está latente siempre para, así, poder cubrir lo que Hacienda no ha recaudado desde el huracán María para acá. Y no solamente en el caso del IVU, sino de otros impuestos directos e indirectos, que incluyen licencias para negocios, multas, penalidades, licencias personales, peajes, arbitrios de distinto tipo y todos los demás impuestos.

La reforma contributiva debe incentivar la reconstrucción del país, la reforestación, la actividad agrícola y cualquier otra actividad productiva que aumente el empleo, la producción y los ingresos en todo el país. Por supuesto, en el caso de las actividades de reconstrucción tenemos que tener el mismo cuidado que hemos tenido con los proyectos de ley que favorecen a los grandes contratistas amigos de los Gobiernos de turno, y que masacran el medioambiente a costa de un supuesto beneficio económico.

Otro aspecto que debe contener una reforma contributiva justa son los alivios contributivos especiales que cubran las pérdidas asociadas con el huracán, tanto a individuos como a negocios.

Hoy más que nunca, Puerto Rico necesita transformarse en todos los renglones, y cualquier propuesta contributiva tiene que hacer justicia a quienes siempre han padecido debido al favoritismo hacia los grandes intereses.