Hay una crisis en la seguridad pública de Puerto Rico y, desde el Gobierno, no se escucha un discurso público como ameritaría. Hasta ayer, casi medio centenar de asesinatos se habían reportado y, desde el oficialismo, se anuncian medidas que nadie entiende o trilladas.
Trigger puller, shot spotter, 30-60-90, broken window y otras son estrategias para combatir el crimen que anuncian, la mayoría recicladas, unas que nunca han funcionado y la mayoría discutidas hasta la saciedad. De hecho, el jefe interino de la Policía de Puerto Rico, Henry Canales, me admitió ayer en Radio Isla que, en 2017, solo el 25 % de los asesinatos fueron esclarecidos, y hasta ayer, solo 2 de los 48 que han ocurrido, han visto investigaciones exitosas. Y este dato es importante porque el disuasivo más importante para combatir el crimen, desde el punto de vista policiaco, es eliminar la sensación de impunidad entre los delincuentes.
Mientras esto ocurre, el ausentismo en la Policía es un misterio desde que el Gobierno dejó de dar los datos. La realidad es que, digan lo que digan, no se ven los policías estatales trabajando en la calle.
Ciertamente, el problema de la seguridad pública en Puerto Rico tiene raíces profundas que trascienden esta administración. Tiene que ver con la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el modelo económico que nos rige, el pobre trabajo social, la falta de buena educación y otros tantos factores que requieren de una revolución social empujada desde el Estado, que, por el momento, lamentablemente, no está prevista por los gobernantes actuales ni por los que se perfilan para el futuro.
Sin embargo, a simple vista, careciendo este análisis del peritaje requerido, desde el punto de vista del cumplimiento de la ley (law enforcement) se podría ser más proactivo. Para empezar, habría que reforzar las unidades investigativas de la Policía. Pero más allá de eso, resulta urgente que el Departamento de Seguridad Pública, creado en abril de 2017, se estabilice, sea visible y adquiera más formalidad. Todavía luce muy difusa su función y no se ven resultados concretos desde su creación, ni en garantizar el orden público o en significarle ahorros al erario. Evidentemente, hay un desfase administrativo en ese nuevo departamento, que no lo permite funcionar y atender las complejas necesidades de las agencias que están bajo la sombrilla. Me refiero directamente a la Policía y al Instituto de Ciencias Forenses. No sé si la ley que creó ese departamento necesita enmiendas, o es un problema de su ejecución. Sea cual sea, tienen que resolverlo.
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La semana que viene los federales, al mando del juez Gustavo Gelpí, entrarán a dirimir el problema, y resulta en una contradicción que el Gobierno estatal, que ha combatido la intervención de Washington en otros asuntos como el manejo de fondos, deje pasar este momento para demostrar control sobre el problema. Si el juez Gelpí concluye que la Reforma de la Policía no está cumpliéndose, podríamos estar —en el peor de los escenarios— ante la reactivación de la demanda de derechos civiles que abrió el caso y que supondría un golpe fiscal al Gobierno, como lo supuso por décadas el caso Morales Feliciano en el Departamento de Corrección. Al menos, deben verlo desde esa perspectiva.
Se nos va la vida como país. Después de María, el tema del crimen parece ser la nueva razón de muchos puertorriqueños para considerar emigrar y esa ola hay que pararla.