El 2017 nos deja con muchos temas urgentes. Tres en particular se destacan. Las noticas del pasado año nos obligan a repensar nuestro acercamiento a la economía del país, a la participación democrática de la ciudadanía en su gobernanza y al insidioso problema de la corrupción pública.
Autosuficiencia. Con el paso del huracán María, se destapó para muchos la pobreza que viven cientos de miles de puertorriqueños. Vimos también la vulnerabilidad de un sistema económico que depende en un grado peligroso de las importaciones. Estas dos realidades apuntan a la necesidad de promover la autosuficiencia, tanto a nivel individual como a nivel colectivo.
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Aunque tenemos que reconocer que Puerto Rico nunca podrá librarse de las importaciones, ni tampoco es deseable, toda vez que, sin duda, hay países que pueden elaborar productos necesarios de forma mucho más eficiente y económica, tampoco podemos exponernos nuevamente a la ausencia de bienes básicos y al total colapso de nuestra sociedad. Los días y semanas que vivimos muchos después del 20 de septiembre, y que todavía viven muchos más en sectores aislados del país, no pueden ser olvidados.
Hace falta desarrollar la agricultura a nivel local, no como principal motor de nuestra economía, sino para asegurar la seguridad alimentaria. Igualmente, tenemos que robustecer la base empresarial local, para evitar que la ausencia de bienes de afuera afecte nuestra calidad de vida. A su vez, tenemos que acabar con la dependencia de la persona. La educación, el empresario, y una cultura de sacrificio y trabajo, son elementos esenciales. Las políticas de asistencia pública evidentemente no han funcionado. Luego de décadas de estar cobijados por los programas de beneficencia social de EE. UU., todavía más de la mitad de la población vive en pobreza. Mayor beneficencia, sea por indulgencia del Congreso o por la concesión —improbable— de la estadidad, servirá solo para mantener el estado actual de indefensión, no para elevar al pobre a la clase media. Ningún país —ni tampoco un estado— ha superado la miseria a fuerza del welfare; ha sido a fuerza del ahorro, la inversión, la innovación y la laboriosidad del pueblo.
Regreso a la democracia. El sistema actual jamás fue consentido por nosotros. Es decir, aun siendo estadolibrista, tengo que admitir que este no es el Estado Libre Asociado al que el pueblo de Puerto Rico le dio su aval en 1952. Vivimos ahora en un sistema colonial clásico, en el que la metrópolis nombra a quienes nos gobiernan —la Junta de Control Fiscal— y ellos, a su vez, pretendieron durante este año nombrar al jefe de una agencia tan importante como la Autoridad de Energía Eléctrica. El hecho de que ellos no nos respondan, que no tengamos mecanismo pacífico para expresarles nuestro rechazo, es prueba fehaciente de una preocupante ausencia de legitimidad democrática en el arreglo político actual. Es por ello que debiera ser prioridad de todo funcionario electo el acabar con este estado de indignidad. El liderato político debe superar sus diferencias, reconocer el problema y adelantar una solución justa. No podemos continuar con la obstinación ideológica del pasado reciente. Tenemos que reconocer que puede haber diversas vías para la democratización de Puerto Rico, pero sin pretender imponer nuestra visión.
En esa línea, el PNP ha pretendido traer la estadidad a la trágala, con artimañas que lucen democráticas, pero que realmente reflejan sus aspiraciones autoritarias. Excluir alternativas solo sirve para deslegitimar los procesos y le restan credibilidad ante el Congreso. Hay una oportunidad para unir a todos los sectores —anexionistas, independentistas, soberanistas y autonomistas— para procurar ante Washington las soluciones que, juntos y con respeto, podamos negociar. Aquellas que en ese proceso queden descartadas deben ser también descartadas por el liderato político que las haya promovido. Y al final, vayamos en una dirección o la otra, lo importante será que el pueblo sea quien dirija sus destinos.
Golpe a la corrupción. El escándalo de Whitefish desnudó la avaricia de algunos que, a expensas de la recuperación del país, pusieron por encima del bien colectivo el individual. La corrupción debe ser erradicada. Para ello, tenemos que reconocer que gran parte del sector público se ha convertido en un pantano amoral. Hay que drenar el Capitolio y La Fortaleza de las aguas pestilentes de la impunidad y el oscurantismo. Hace falta más transparencia en la gestión gubernamental. Todo legislador, jefe de agencia, funcionario y hasta el mismo gobernador, debe estar obligado a reportar y publicar en Internet, en tiempo real, toda reunión que sostenga con la parte interesada en tema público alguno. Hace falta mejorar el financiamiento público de las campañas electorales. Y los códigos de ética deben redactarse, no para proteger al funcionario, sino para el interés público. Basta ya de requisitos procesales que solo sirven para desalentar al denunciante.
En fin, el año pasado nos ha servido la mesa. Ahora le toca al país establecer la agenda hacia el futuro.
