Si algo no podemos pasar por alto en nuestro país es la urgente necesidad de tomar conciencia sobre la importancia de fortalecer e impulsar el desarrollo de nuestra agricultura, mucho más cuando cada día que pasa nos enfrentamos ante la posibilidad de sufrir un estado de emergencia en la disponibilidad de alimentos.
Y la crisis que se vaticina no está relacionada únicamente con la secuela que nos dejó la devastación del huracán María, que sí laceró con fuerza toda nuestra agroindustria. Pero peor que eso, la situación de la agricultura puertorriqueña ha venido sufriendo el quebranto de administraciones gubernamentales insensibles que no ponen empeño en el desarrollo de ese importante renglón de la economía.
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Vale señalar que el actual Gobierno no ha enfocado su mirada en el desarrollo de este sector, máxime cuando el país requiere de iniciativas económicas que aporten a sacar el país a flote y a sabiendas de las grandes posibilidades que puede ofrecernos la producción agraria.
Y si nos remitimos al resonado Plan para Puerto Rico, el documento central que recogió las promesas de campaña del partido gobernante y que hoy traza la política pública del ejecutivo, lo que se presenta sobre este tema son unas escasas páginas que se alejan mucho de ser lineamientos de estrategias coordinadas y certeras para defender y vigorizar la agricultura nacional.
Por su parte, el secretario de Agricultura, Carlos Flores, se sumerge a diario en campañas livianas de relaciones públicas que saturan los medios informativos con fotos y parcos comunicados de prensa sobre sus visitas y reuniones con diversos sectores del agro. Poco hablan, en cambio, de estrategias de desarrollo, proyectos específicos o planes para convertir la agricultura en un eje importante de nuestra economía.
Basta escuchar las quejas y penurias de nuestros agricultores para conocer las vicisitudes que se sufren cuando se quiere poner empeño en la producción de alimentos. A lo que se añade que, según han señalado estudios de expertos economistas y planificadores, nuestra isla, en pleno siglo XXI, importa el 80 % del total de alimentos que se consume.
De otra parte, el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Iván Cordero, está harto de advertir lo cerca que nos encontramos de una crisis en el suministro de alimentos, y destaca la escasa inversión que el Gobierno hace en la agricultura, acompañada del alza en el costo del petróleo, los problemas climáticos y la demanda de alimentos por otros países, factores que se suman para encarecer, como nunca antes, los alimentos que consumimos.
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Aunque nuestra geografía ha sido maltratada, y muchos de los terrenos hábiles para la siembra han sido utilizados para la construcción de viviendas y centros comerciales, aún nos restan suficientes extensiones de tierras, tanto en zonas montañosas como en llanos costaneros, para producir cantidades significativas de alimentos.
Las autoridades gubernamentales, por ejemplo, podrían estructurar un plan para comenzar un desarrollo agrícola en tierras baldías, entre las que se estiman hay más de 200,000 cuerdas inutilizadas en zonas montañosas. También se puede comenzar un plan para incentivar la producción avícola, ganadera y agropecuaria.
Pero lo más importante es que se establezcan políticas públicas dirigidas a estimular la producción agraria, detener la conversión de tierras en cemento y proteger nuestros recursos naturales. Además, hay que discriminar positivamente a favor de los agricultores nacionales, quienes tienen que enfrentarse a los mercaderes que viven de la importación de alimentos.
Esto último es importante porque en Puerto Rico se pierde una buena cantidad de productos alimenticios que no logran circular en el mercado porque las tarifas que se ofrecen en las transacciones mercantiles no compensan los costos de producción de nuestros agricultores. En su defecto, los grandes mayoristas optan por importar alimentos pagando menos y sin medir criterios de calidad y frescura.
Así también hemos ido lacerando nuestra base de producción alimentaria en las últimas décadas. Producción que, vale aclarar, comenzó su deterioro desde los años cuarenta del siglo pasado cuando el Gobierno comenzó los planes para desincentivar la economía agraria y dar impulso a un modelo industrial que, al paso del tiempo, ha mostrado sus flaquezas.
