María, Irma, el apagón, el nuevo Gobierno, la Junta y su Plan Fiscal, la Reforma Laboral, la Reforma Contributiva de Trump, la huelga en la UPR…Estos han sido los temas predominantes en este 2017 que acabará el domingo próximo. Un año difícil para Puerto Rico.
Pero, dejando estos temas ya altamente conocidos y que nos tienen bastante abrumados, miremos las noticias que con toda probabilidad predominarán el nuevo año y con los que tendremos que lidiar.
El año que comienza el lunes será igual o más retante que el que termina, en gran parte a consecuencia de lo ocurrido durante los pasados 12 meses. Algunos asuntos que surgirán tienen que ver con los huracanes y otros no. Sencillamente tienen que ver con políticas públicas aprobadas y que se pusieron en suspenso por los pasos de los devastadores ciclones. Otros, como la Reforma Contributiva federal, tendrán sus repercusiones irremediablemente.
Los primeros meses del 2018 nos irán dando unos indicadores claros de cómo se comportará la economía durante el resto del año. Se espera que en enero conozcamos las estadísticas reales sobre el nivel del desempleo en el país y la cantidad de comercios que no reabrirán después de la recuperación completa del sistema eléctrico, previsto para febrero. En estos dos meses comprenderemos con una claridad mayor, el terreno económico sobre el cual tendremos que trabajar todos.
En ese contexto, ocurrirán varias cosas aquí y en Washington que serán cruciales para inyectar o enterrar nuestra economía. Ya desde la capital federal recibimos la estocada de la Reforma Contributiva, pero de esta no se espera una consecuencia que conlleve el cierre inmediato de las empresas que representan un tercio de los recaudos del Departamento de Hacienda. Sí de Washington tenemos que ver de cuanto será la ayuda económica que se brindará a raíz de los huracanes y que podría significar un estímulo económico, sobre todo para el sector de la construcción. La ayuda ha sido calculada inicialmente en $81 mil millones para todos los estados y territorios afectados por los huracanes y otros fenómenos. De esos, no sabemos que le tocará a Puerto Rico y con que restricciones vendrá el dinero. Si el Congreso decide darle autoridad a la Junta de Control Fiscal sobre la disposición de los fondos, ello podría atrasarlo todo y supondría una eliminación de facto del gobierno local en esta coyuntura histórica. Está por verse también si el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos autorizará el desembolso de los préstamos aprobados hace dos meses y que son cruciales para la operación del gobierno puertorriqueño en enero, en vista de que Hacienda se está quedando sin dinero en caja para mantener el aparato público operando como de costumbre.
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La sesión legislativa que comienza a mediados de enero será importante porque el Gobernador comenzará a enviarles a los representantes y senadores sus planes de reorganización, consolidación y eliminación de agencias a tenor con la ley que recientemente firmó a esos fines. Los legisladores tienen que aprobar o rechazar cada uno de esos planes. Estos, junto con la ley del empleador único que debe ponerse en plena ejecución durante el 2018, supondrá una transformación importante en el Gobierno. Se ha anticipado ya desde La Fortaleza que las primeras agencias en reorganizarse serán las que tienen que ver con el desarrollo económico del país.
Para el sector privado, golpeado mortalmente, será importante el nuevo Código de Incentivos que anuncie el Gobierno durante el primer mes del 2018 y con ello los planes que tengan para la economía del país. Se espera también una nueva reforma contributiva local que podría suponer la eliminación o reducción del IVU para que el cobro de impuestos regrese a los muelles, dada la baja en las transacciones comerciales en los puntos de venta al detal.
Por último, sobre todo esto repercutirá el Plan Fiscal que apruebe la Junta de Control Fiscal en febrero. Se trata de un plan que sustituye el aprobado en febrero pasado debido a las nuevas circunstancias del país. Será un plan que contemplará una ejecución más breve (de 10 a cinco años) y que pudiera estar imponiendo una reorganización gubernamental mayor de la que el gobernador Rosselló planifica. El gobernador tienen hasta el 10 de enero para proponer un plan. Si la Junta, que hasta ahora ha sido inconsecuente ante la crisis fiscal, propone una ruta agresiva, podríamos estar ante nuevos choques en el 2018. Recordemos que en septiembre del 2017 hubo un amago de colisión por la propuesta de reducir la jornada laboral, pero ello se quedó en suspenso debido a los huracanes.
Para los trabajadores, el 2018 será de grandes retos pues veremos en vigor, con todo su brillo o sombra, la reforma laboral convertida en ley en enero pasado. Habrá que ver si ello supondrá un empobrecimiento mayor de la clase obrera como anticiparon los sindicatos, cosa que sería devastador para una ya atribulada economía.
Así que, el 2018 será para Puerto Rico todo sobre la economía. O como dice la notoria frase de la política estadounidense, famosa en la primera campaña de Clinton, “it’s the economy, stupid”.