Por: Denis Márquez Lebrón
Representante PIP
La aprobación de la reforma contributiva federal representa la culminación de la ilusión de que el ELA gozaría a perpetuidad de beneficios o exenciones contributivas en su relación económica y política con Estados Unidos. Representa, además, un capítulo de la historia reciente de golpes fulminantes al modelo colonial que sufrimos todos los días los que vivimos aquí, y que ha provocado la indetenible ola migratoria de miles de familias. En 2012, más del 54 % de los electores rechazamos continuar viviendo bajo el yugo del Gobierno de Estados Unidos y, por ende, el control del país a través de su constitución. Recientemente, las decisiones del Tribunal Supremo estadounidense en los casos sobre asuntos de Puerto Rico reafirmaron el poder colonial sobre la isla, siendo la aprobación de la ley PROMESA y su Junta de Control Fiscal el más burdo ejemplo del carácter colonial de nuestro gobierno. A eso se añadió el desprecio institucional del Gobierno federal luego del devastador huracán María.
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La entrada en vigor de la reforma tributaria viene a echarle sal a la herida ya causada por la recesión económica que experimenta el país desde hace más de diez años. Aumentará el desempleo e impactará los recaudos gubernamentales. Dicho de otra forma, agudizará la quiebra del Gobierno e incrementará la desigualdad social manifestada en áreas como la salud, la pobreza y la educación entre otras.
Hasta hace poco, la relación entre la condición colonial y la situación económica del país era renegada por gran parte de nuestro pueblo. Hoy, en cambio, existe una creciente aceptación en cuanto a que nuestra condición territorial nos ha conducido a la pobreza, a la bancarrota y a la dependencia extrema.
Ante esta realidad, es imprescindible crear un modelo económico de producción que tienda al mejoramiento de las condiciones materiales de nuestro pueblo; un modelo económico y fiscal que no dependa de transferencias federales, sino del trabajo de nuestra gente. Para lograr nuestro objetivo, el reconocimiento de nuestra soberanía nacional es una necesidad imperiosa que nos permitirá acceder a mercados inexplorados y entablar verdaderos acuerdos comerciales con el resto del mundo, incluida la hoy metrópoli, así como proteger nuestra economía en función de nuestros propios intereses.
Por décadas, cuando el ELA colonial gozaba del apoyo de los americanos, Washington y el Congreso enmudecían ante reclamos o esfuerzo en pro de la descolonización de Puerto Rico. Pero, tras la aprobación de la reforma contributiva federal, los informes de Casa Blanca sobre Puerto Rico, el caso Sánchez Valle y la ley Promesa, como ya mencioné, la realidad política del país cambió, y por ello, es necesario retomar la discusión de la búsqueda del fin del que, a todas a luces, es el problema fundamental de este país, nuestra subordinación política.
Tal es el rumbo propuesto por el Partido Independentista Puertorriqueño desde hace más de siete décadas. En esa dirección, irán nuestros esfuerzos este año que se aproxima para, en diálogo con las demás fuerzas políticas del país, crear las condiciones para iniciar un verdadero proceso de descolonización. Uno en el que, desde luego, el PIP defenderá la transición hacia el país libre y próspero que merece nuestro pueblo.
