La posición asumida por algunos legisladores del Partido Popular Democrático en torno al proceso que se lleva en contra del representante Ramón Rodríguez Ruiz, del Partido Nuevo Progresista es errada. Solo se puede entender cuando se vive en el mármol del Capitolio y se piensa que su resplandor ciega al pueblo. Para ser viable en 2020, el PPD tiene que defender los intereses del ciudadano, no las prerrogativas de un liderato político que es visto con sospecha.
Sobre la materia moral del escándalo, ya escribí en estas páginas hace dos semanas. Me reitero: hace falta todavía un momento de introspección en Puerto Rico sobre la agresión, el acoso y el hostigamiento sexual en nuestro país. El que no entienda la importancia de este tema no tiene espacio en el gobierno de una democracia moderna.
En consecuencia, el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, ha sido contundente con el caso de agresión que protagonizó Rodríguez Ruiz con una empleada de su oficina legislativa. Acoto que lo ha sido con este caso en particular, no así con otros, como, notoriamente, el del representante José Luis Rivera Guerra quien físicamente agredió a un manifestante durante una protesta en el Capitolio y, aun habiendo sido captado en video el incidente, todavía pulula en las esferas de poder. Está por verse si los casos pendientes se medirán con la misma vara, y si se establecerán procesos uniformes para evitar y sancionar comportamientos corruptos e impúdicos.
Precisamente, han sido cuestiones procesales las que han levantado algunos populares en la Cámara para impugnar la validez de la investigación en este caso. Sobre el tema reglamentario interno de dicho cuerpo legislativo, podrán tener alguna razón, particularmente sobre la aplicación irregular de las normas que los propios miembros se impusieron al adoptar su código de ética. Sin embargo, levantar su voz para lo que aparenta ser una defensa del agresor es un error político, y sus argumentos constitucionales, una equivocación legal.
El representante Luis Raúl Torres expresó que no reconocería los hallazgos de un informe del investigador contratado por la Cámara, el exfiscal Ernie Cabán. “Eso es contra la Constitución de Puerto Rico, que establece que los únicos jueces sobre la conducta de los legisladores son sus propios pares”, dijo Torres.
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El error político se hizo evidente de inmediato. Sus palabras provocaron titulares como “Los populares truenan contra investigaciones externas a representantes” y “Delegación popular pide ‘respiro’ para Ramón Rodríguez” en El Nuevo Día y El Vocero, respectivamente. Colocar al PPD como defensor de un agresor es un regalo para el PNP. El gobernador rápidamente aprovechó procurando un posicionamiento como defensor de todas las víctimas de agresión y hostigamiento en su gobierno. Johnny Méndez, por su parte, habrá soltado un suspiro de alivio al ver que miembros de la oposición habían expresado lo que, seguramente, también querían decir algunos legisladores de mayoría, y que la minoría lo había salvado de un cuestionamiento a su liderazgo dentro de su delegación. Más aún, este traspié delata una falta de sintonía con el pensar del pueblo. La gente cree que los legisladores hacen las reglas para nunca tener que responder por sus actos, que en el Capitolio hay un ambiente de complicidad de interpartido. No cree que hayan demasiados legisladores expulsados o procesados por sus indiscreciones; y que sus actuaciones siempre quedan impunes.
La gente tiene razón: desde al menos 1952, solo cuatro legisladores han sido expulsados. Hasta Jorge de Castro Font fue reelecto Senador en 2008 después de ser arrestado y no fue expulsado del cuerpo, sino que tuvo la oportunidad de renunciar.
Con este historial, y con el malestar generalizado producto de actos de corrupción en Gobiernos de ambos partidos, el PPD, o cualquier partido o candidato, tiene que presentarse como una alternativa distinta. No se puede ser otro más del montón ni se ganará pareciéndose al PNP. Hay que defender a la gente, no a quienes frustran su confianza.
En el ámbito legal, el planteamiento es igualmente fallido. El que un investigador produzca un expediente del caso no menoscaba el poder del cuerpo de ser “el único juez de la capacidad legal de sus miembros”, según reza la Constitución. El juicio que pasarán, si llegase a eso, se basará en esa evidencia, pero no los obliga a votar de una forma u otra. Absurdo e impráctico sería si, además de ser jueces, tuvieran que ser detectives.
Por otro lado, en su inmensa sabiduría, quienes redactaron nuestra Constitución dispusieron que, para expulsar a un legislador, se requerirá el voto de “tres cuartas partes del número total de sus miembros”, proporción que no puede ser acumulada por un solo partido, por lo cual difícilmente se puede utilizar el proceso para el revanchismo político.
El señor Rodríguez Ruiz tendrá su oportunidad de defenderse, tanto ante sus pares en la Cámara, como ante la justicia. No le toca al PPD hacerlo. Nos toca demostrar que no hemos sido cegados por el mármol.