Ya es un hecho que el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado una reforma contributiva para Estados Unidos que tendrá un impacto negativo sobre Puerto Rico. Las corporaciones establecidas aquí como foráneas, para efectos del Gobierno federal, tendrán que pagar ahora un impuesto de 12.5 % cuando vayan a exportar hacia los Estados Unidos continentales. Los economistas e industriales no anticipan una estampida de estas empresas, pero sí el comienzo de una transición que las llevará a cerrar, ocasionando la pérdida de miles de empleos y un enorme roto a los recaudos del fondo general. Esos cierres parece no despintarlos nadie, aunque en Washington muchas de estas grandes corporaciones, que tienen subsidiarias en Puerto Rico, favorecieron la reforma de Trump porque les conviene en términos generales. La “lógica” de la reforma tributaria republicana es conservar los empleos en Estados Unidos, lo que supone un discurso muy simpático para un sector amplio de nuestros “conciudadanos” del norte.
La reforma fue aprobada ayer en el legislativo federal y se espera que sea ley antes del día de Navidad. Para los republicanos se trata del logro más importante en este primer año del mandato de Trump.
Ante este panorama, ¿qué haremos en Puerto Rico? Pues de nuevo, no parece haber un plan concreto para contrarrestar el impacto de la nueva ley sobre nuestro país. Se habla de una respuesta política hacia los republicanos en las próximas elecciones congresionales. Sin embargo, la realidad es que ello no crea empleos, y en el mismo PNP no parece haber unidad para tal ofensiva.
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Ayer me decía el senador Eduardo Bhatia que corresponde confeccionar un plan que haga a Puerto Rico autosustentable, con una propuesta de desarrollo económico que genere empleos y que emule lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones que han salido de profundas crisis. Ese llamado lo hemos escuchado de azules y rojos por los pasados 20 años. Nada ha pasado.
Cuando comenzó la eliminación de la Sección 936 a mediados de los noventa, se hizo el mismo llamado. Pasaron 10 años de transición hasta la salida final de estas empresas, y ello nos cogió sin un plan. Fue en 2006, con el cierre del Gobierno como turning point, cuando comenzó la profunda recesión de la que no hemos salido. Ahora estamos en una coyuntura similar, y de lo único que se habla es de rebelarse contra los americanos que aprobaron la ley. La realidad es que con toda probabilidad habrá un cambio de control político en el Congreso en las elecciones congresionales de noviembre de 2018, y no porque Puerto Rico ejerza presión, sino por lo desgastado que está el Partido Republicano con la figura de Trump. Muestra de ello es la reciente elección especial en Alabama por un escaño senatorial.
La clase política ha sido incapaz de diseñar un plan económico sustentable que sobreviva al vaivén electoral y que, incluso, se proyecte inmune a cualquier cambio de estatus político. Por lo tanto, corresponde ahora al sector industrial, a los pequeños y medianos comerciantes, a la academia y al sector civil diseñarlo y presentarlo. El sector político tiene que comprometerse a acogerlo sin vacilación.
Necesitamos un plan económico urgentemente, que cree empleos ante una economía puertorriqueña que se proyecta como una de las peores del mundo en 2018. No hacerlo provocará que nos sigamos cayendo por el precipicio de la desesperanza. La emigración continúa, la mayoría del país sigue sin luz y no se ven cambios significativos. Lo que pareció ser el chiste ganador de las pasadas elecciones puertorriqueñas es lo que necesitamos ahora, un plan…plan, plan, plan.
