Mientras se lanzan críticas al Gobierno por los contratiempos que ha enfrentado al momento de atender la devastación que ha provocado el huracán María en la isla, la gestión del sector privado pasa por debajo del radar como si ese grupo no tuviera responsabilidad en responder con diligencia muchos de los servicios que recibe la ciudadanía.
Cierto es que quejarse del Gobierno es más fácil, y no nos faltan razones. Mas es necesario que todos los actores sociales y económicos asuman el rol que les corresponde y no se escondan para evadir el compromiso que les corresponde.
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Desde el día después del azote del huracán, la crítica más fuerte ha ido dirigida a las empresas privadas de telecomunicaciones, quienes han patentizado su ineficiencia en reponer sus sistemas para conectar a la población. Todavía hoy, a tres meses del paso de María, persisten los problemas de señal en la telefonía móvil, interrupciones constantes y hay zonas que aún están totalmente aisladas e incomunicadas.
De la televisión por cable es mejor ni hablar. El desastre de estas ha sido monumental y, en muchos casos, hemos visto cómo se ha comenzado a facturar por servicios que no han sido capaces de reestablecer.
No hay dudas de que el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor tiene mucha tarea por realizar porque hay una lista significativa de derechos que se están violentando continuamente sin que haya una voz que defienda a la ciudadanía.
Mas en ese inventario de dejadeces hay que destacar la ineficiencia de las aseguradoras privadas. Llama la atención la poca respuesta que han tenido los miles de propietarios de hogares y negocios que sufrieron pérdidas como resultado del golpe que les dio el ciclón. Muchas de las residencias y los negocios afectados, que podrían ser la inmensa mayoría, permanecen sin reconstruirse debido a que las casas de seguros no han respondido sus reclamaciones. En algunos casos, las respuestas han sido irrisorias y se presentan como camisas de fuerza con la que pretenden obligar a los asegurados a aceptar cualquier limosna por compensación de gastos, abusando así de la desesperación y el sentido de impotencia que persiste en muchos de sus clientes.
Esto no es un asunto trivial. Por el contrario, es un tema muy serio que debe ser analizado con detenimiento para, de alguna manera, forzar a este grupo privado a responder con sentido de responsabilidad, al tiempo que se fiscaliza su gestión.
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En términos económicos, estamos hablando de una cantidad sustancial de pequeños y medianos negocios que no han logrado reactivar su actividad comercial en espera de la respuesta del seguro. Algunos, en el desespero, han acudido a préstamos privados para iniciar sus reparaciones apostando a que las firmas aseguradoras cumplan.
Para atender este problema, esta semana se puso en marcha en la Cámara de Representantes una Resolución de Investigación (Resolución 671) que pretende hurgar en las respuestas de las casas aseguradoras ante esta crisis. Se trata de investigar el procesamiento de miles de reclamaciones por daños que han sido radicadas tras los huracanes y ante las cuales las aseguradoras que suscriben tales riesgos han actuado con lentitud, develando un rostro de insolencia injustificable.
Según reza la resolución cameral, impulsada por el representante Samuel Pagán Cuadrado, “un sinnúmero de reclamos de comerciantes han señalado que han perdido la totalidad de sus negocios o el principal ingreso de su hogar ocasionando la pérdida de más empleos”.
Esta iniciativa es más que necesaria, pertinente y urgente. Todo apunta a que los seguros no quieren pagar y nadie los está fiscalizando. Entonces, ¿dónde está Javier Rivera Ríos, el Comisionado de Seguros? Al momento, nadie ha escuchado a este funcionario expresarse sobre la desfachatada actitud de las casas aseguradoras.
¿Quién defiende a los ciudadanos de la avaricia de este grupo privado? ¿Quién pondrá en vigor las disposiciones del Código de Seguros y de la Carta de Derechos del Asegurado para salvaguardar los intereses de los ciudadanos que pagan sus pólizas sin demora y hoy aguardan por respuestas?
Es tiempo de pedirle cuentas al Comisionado de Seguros porque, para mucha gente, el seguro de propiedad y daños que han pagado con sacrificio es la única alternativa que tienen para restablecer su residencia y su negocio. La bola está en la cancha del señor Rivera Ríos.
