La situación económica de Puerto Rico se enmaraña en un callejón sin salida. El Congreso de Estados Unidos está enfocado en aprobar una reforma contributiva cuyo fin es proteger la generación de empleos, la inversión industrial y la diversificación del capital en su país y, como es de esperar, poco les importa el impacto que eso pueda tener en este archipiélago caribeño.
De esa manera, la pieza legislativa que se discutirá en comité de conferencia prontamente le da un golpe a las empresas foráneas de capital estadounidense que dominan el escenario de la manufactura en nuestra isla. Así, estas industrias se verían obligadas a pagar un arbitrio de 20 % sobre los productos manufacturados en Puerto Rico que son adquiridos por sus matrices en Estados Unidos, además de un impuesto de 12.5 % sobre sus activos intangibles y una tasa mínima global de 10 %.
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La situación es complicada, principalmente para quienes entienden que el desarrollo económico puertorriqueño debe estar exclusivamente atado al tema de la inversión de capital foráneo, un paradigma que ha rondado en la psiquis de los políticos de turno desde mediados del siglo XX.
Por eso, el reclamo principal de políticos y sectores industriales durante los pasados días se ha centrado en solicitar a los congresistas estadounidenses una exención de las disposiciones de su reforma contributiva sobre las empresas que operan en la isla o, si fuera necesario, establecer por mandato congresional nuevos alivios contributivos para las empresas foráneas.
No se vislumbran más salidas que no sean las capaces de imponer el vecino del Norte. Olvidan, sin embargo, que el problema de fondo es más político que económico.
Por un lado, está la inercia gubernamental para impulsar el desarrollo de un modelo económico nacional que rompa los nudos de dependencia con el capital estadounidense, diversificar las exportaciones de la isla, sustituir el modelo de importaciones y concertar nuevos acuerdos de inversión extranjera con empresas de todas partes del mundo.
De otra parte, está la renuencia que han mostrado los Gobiernos que han dirigido los destinos del país por las pasadas décadas para establecer una tasa tributaria local para las corporaciones foráneas que sea más alta que el 4 % que pagan actualmente, y que hoy representa cerca de $2,000 millones anuales de ingresos al fisco.
Lo que necesitamos los puertorriqueños para lidiar con la crisis económica y el estancamiento en que vivimos no son dádivas congresionales, sino una reinversión total de nuestro modelo económico. Estamos ante una situación que no aguanta un parcho más y que requiere de fuerza y voluntad política para encaminarnos hacia nuevos derroteros.
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Por ejemplo, las consecuencias de haber tenido Gobiernos sometidos a los designios del poder político estadounidense, y a los intereses de sus representantes industriales, nos condujo a descartar la agricultura como parte de nuestro desarrollo económico temprano en los años cincuenta. El resultado es que hoy tenemos un modelo agrícola que representa menos del 1 % del ingreso del país, lo que nos arrima a los problemas de escasez de alimentos, alto costo en muchos productos importados y baja calidad en lo que consumimos.
Otra gran dificultad económica que se deriva de nuestra mal parida relación colonial está en la dependencia a la inversión de capital estadounidense. Actualmente, cerca del 90 % de los activos en la manufactura son de capital foráneo, en su mayoría farmacéuticas que pueden irse de Puerto Rico en cualquier momento. Y ni hablar del comercio, la actividad que más empleo genera en la isla y que está dominada por las megatiendas extranjeras, que también se han ocupado de aplastar hasta desaparecer los comercios de los centros urbanos.
Concebir el desarrollo de un nuevo modelo económico no puede estar amarrado a la vieja fórmula de otorgar privilegios tributarios a las empresas foráneas sin obtener nada cambio. Cualquier medida económica, en estos tiempos de crisis, debería venir acompañada por una política pública clara y firme que ate la inversión de capital extranjero a una estrategia de movilización de recursos internos para hacer posible un aumento del capital local. Debe, además, proponerse una política orientada a diversificar las fuentes de capital exterior propiciando vínculos y redes de intercambio global.
La urgencia de armar un nuevo plan de desarrollo debe concebirse desde la necesidad de resolver los problemas políticos que nos impiden mirar el alcance de nuestras posibilidades más allá de nuestras fronteras. Poco adelantamos si pretendemos resolver los problemas que nos han traído hasta esta crisis si no queremos mirar y actuar sobre sus causas, siendo la principal la incapacidad política que nos ata.
