El paso de María trastocó el diario vivir y la rutina de todos y todas en Puerto Rico. He dicho anteriormente, e insisto en este espacio, que uno de los efectos más inequívocos del huracán fue destapar la desigualdad social que arropa gran parte del país. Una desigualdad que nos enfrenta a un deterioro social en asuntos medulares como la urgente necesidad para adoptar fuentes de energía renovable, el cierre de escuelas y la limitación al acceso a la educación que ello significa, un sistema de salud atrofiado, agua potable y, más palpable por la destrucción causada, el elemento de la construcción y la vivienda en Puerto Rico.
Recientemente participé en una vista pública para el establecimiento de un nuevo código de construcción en Puerto Rico. Allí cuestioné, al amparo de las circunstancias actuales tras el temporal, la efectividad de los nuevos códigos y reglamentos de construcción. La mayoría de las personas no tiene recursos para contratar servicios profesionales como arquitectos e ingenieros en la construcción -o reconstrucción- de sus viviendas. Sencillamente no tienen el dinero para construir bajo estas reglas. Además, dicho código está redactado en inglés y difícil de entender, lo cual definitivamente obstaculiza el acceso a la información de las personas que deseen -y puedan- reconstruir sus viviendas de forma segura.
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Estamos frente a los condenados de la tierra, la gente pobre de nuestro país, los marginados por el Estado que hoy tienen mayor visibilidad tras el embate de María. Pero no fue el huracán quien los hizo más pobres, siempre han estado presente pero muchas veces ignorados por quienes no han desarrollado una conciencia social.
Hace poco visité la comunidad “Valle Hill” en Canóvanas donde hay más de cuatrocientas familias que reclaman que el gobierno cumpla con el acuerdo de proveerle agua potable y muchos otros reclamos. También en Indiera Alta en Maricao -donde llevamos nuestro proyecto legislativo “Alegría para la Niñez”- uno de los barrios más pobre de Puerto Rico que aún no tiene agua, ni electricidad. Lo mismo sucede en la comunidad Villa Esperanza en Toa Alta, donde ciento treinta y dos familias, que a pesar de que cumplen con un contrato y le pagan al gobierno, aún no poseen ninguno de los dos servicios porque nadie se acuerda de ellos. Nadie.
Creo en la creación de un nuevo código de construcción que se rija por las realidades que está viviendo el país. Incluso, los que están ya reconstruyendo sus casas van a construir con lo que tengan en la mano, no hay códigos que valgan para ellos ante la urgencia y necesidad de un techo “seguro”. Aún con la conciencia social y la sensibilidad que he desarrollado durante toda una vida, este panorama me conmueve como ser humano y, aunque reconozco la necesidad de las revisiones en las construcciones, lo que realmente me interesa atender es la desigualdad social. Esa tiene que ser la agenda, la mirada, el enfoque de cualquier gobierno que se llame a servir a su gente. Podemos trabajar el mejor código de construcción del mundo pero en tanto no sea concebido y elaborado con nuestra realidad social y pobreza y atienda asuntos como ls zonas inundables y falta de planificación no será efectivo. En algunos años estaremos en el mismo lugar.
La visión del Estado hoy, desafortunadamente, es de imposición, marginación, insensibilidad y ceguera frente a las necesidades básicas y complejas de estas comunidades. Comunidades y personas que se levantan a trabajar por este país, como obreros y obreras que son. De igual forma hay voces silenciadas por nuestra situación colonial que también sufren de estas condiciones, como lo son nuestros hermanos y hermanas inmigrantes que actualmente residen en la isla.
Es de suma urgencia crear conciencia en las distintas comunidades, ya sea vivienda, escuelas y a la ciudadanía general sobre la importancia de una construcción resistente, pero siempre teniendo en cuenta la condición social de cada persona. Llevo una vida trabajando con los elementos del acceso a la justicia de diversas formas y ahora hago un llamado al acceso digno de vivienda, la educación, electricidad y agua, todos derechos humanos en sociedades de avanzada.
