En su fanatismo insensato y demencial, el liderato anexionista nos está llevando por el camino de la amargura con el enredo de posturas que profesan diversos funcionarios del PNP en torno a la reforma contributiva federal. Resultado de esta confusión y de la cacofonía de voces que han dicho representar los mejores intereses de Puerto Rico en Washington, el país podría acabar en un estado de indefensión económica.
Comencemos con una breve explicación de la controversia. El Presidente Trump y el Partido Republicano promueven una reforma del sistema de impuestos en EE.UU. Entre las metas de esta medida legislativa está el provocar el regreso de empresas americanas radicadas en jurisdicciones extranjeras. La legislación lo lograría haciendo más caro el operar fuera de EE.UU. A manera de ejemplo, impondría un arbitrio de 20% a todo producto fabricado en un país extranjero y que sea comprado por una compañía matriz en cualquiera de los 50 estados.
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De ordinario, esto no debiera preocuparnos siendo parte de EE.UU. Sin embargo, Puerto Rico es considerado una jurisdicción extranjera para fines contributivos. Por ende, el arbitrio propuesto en la reforma le aplicaría a las empresas manufactureras que fabrican bienes en Puerto Rico. Conforme al propósito de dicho arbitrio, es de esperarse que las empresas a las que les aplique decidan – o al menos consideren – trasladar sus operaciones a uno de los 50 estados o a otra jurisdicción extranjera donde puedan compensar este golpe económico reduciendo otros costos de operación.
El efecto para nuestra economía sería devastador. Un 47% del producto interno bruto de Puerto Rico – o sea, del total de la producción del país – proviene de la manufactura. Más de 200,000 empleos también dependen de este sector. La razón por la cual estas empresas decidieron en su momento radicarse aquí fue por las ventajas contributivas que ofrecía Puerto Rico. Ahora, lejos de ofrecer ventajas, seríamos el lugar menos atractivo para invertir bajo la bandera americana.
La estrategia del gobierno para contrarrestar esta iniciativa congresional tenía un norte bien definido cuando el gobernador, Ricardo Rosselló, convocó a un frente amplio de sectores económicos y políticos para defender las ventajas competitivas de nuestro país. Con el apoyo del Partido Popular Democrático, procuraba buscar una excepción para Puerto Rico que reconociera nuestra naturaleza única dentro de del sistema americano. La excepción nos permitiría mantener el sistema contributivo actual, con sus ventajas para la manufactura, y reconocería nuestro sitial único como hogar de 3.4 millones de ciudadanos estadounidenses aun siendo una jurisdicción extranjera para fines tributarios.
Sin embargo, el liderato de su partido político, demostrando un resquebraje de su fachada de unidad, ha ido paulatinamente dirigiendo el debate hacia su afán por lograr la anexión de Puerto Rico como estado. Jenniffer González comenzó la embestida con su intención de no lograr ningún tipo de excepción que fuera aplicable únicamente bajo el estatus actual y no como un estado. La delegación del PNP en la Cámara de Representantes, durante el día de ayer, llegó incluso al punto de solicitar por medio de una resolución que el Congreso “designe a Puerto Rico como una jurisdiccion doméstica, no foránea, igual que los estados, en la reforma contributiva”.
Esta última iniciativa delata la agenda del PNP como una que siquiera es anexionista; es asimilista y arrastrada. Quieren hacernos pagar contribuciones federales para convencer al americano que realmente queremos ser estado. No podemos decirle a Trump que ha hecho un pésimo trabajo con la recuperación de Puerto Rico pos-María porque lastimaríamos su frágil ego. No debimos haber sacado a la Marina de Vieques, a pesar del abuso contra el pueblo de esa isla, porque ofendimos al ejército de EEUU. En fin, que quieren la estadidad y los muy mentados congresistas y senadores, no para exigir nuestros derechos, sino para continuar postrados y arrodillados.
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Y ahora para colmo, quieren que se nos impongan todos los costos de la estadidad – asumiendo nosotros toda responsabilidad como si fuéramos miembros de ese club exclusivo – sin que EE.UU. tenga que cumplir con nosotros sus deberes. Y esto en el peor momento para nuestra ya maltrecha y devastada economía.
En fin, que vamos camino a lo peor de dos mundos con el pago de contribuciones federales sin poder alguno para decidir sobre nuestro futuro.
