A 70 días del huracán, la mesa está llena para el Gobierno en momentos en que no ha podido llenar las expectativas de la ciudadanía sobre la recuperación del país y se juega en Washington el futuro económico de la isla con una reforma contributiva que podría ser nefasta para nosotros. A eso le añadimos que aún es incierto cuánto el Gobierno federal finalmente nos enviará para la reconstrucción y con qué condiciones enviará ese dinero.
Se supone que mañana el Gobierno de Puerto Rico anuncie que alcanzó su meta de generación de energía eléctrica habiéndola elevado a un 80 %. Eso está por verse, y aun cuando ello se proclame en las próximas horas, ya para el ciudadano de a pie ese número se ha convertido en irrelevante en la medida en que no representa la cantidad de personas de carne y hueso que ya tienen electricidad sin la necesidad de una planta. Ya se había anticipado que, a esta altura de la “recuperación”, la tarea se haría más difícil, pues superados los problemas en las zonas industrializadas, el restablecimiento del servicio eléctrico en áreas residenciales es distinto.
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Mientras esto ocurre, el gobernador Rosselló busca convencer al Congreso de los Estados Unidos de varios asuntos importantes. Por un lado, que le otorgue absoluto control y discreción sobre los fondos de emergencia que vayan a aprobar para la isla. Rosselló ha pedido $94 mil millones. En Washington, DC, los legisladores federales no están convencidos de darle ese cheque al Gobierno isleño, sin controles, y hasta piensan canalizarlo a través de la Junta de Control Fiscal. Esto último sería terrible para los administradores locales, quienes perderían el control del trabajo más importante que tiene Puerto Rico para las generaciones de ahora y las futuras. El lunes se anunciaron detalles de la nueva Oficina de Recuperación y Reconstrucción que se le está ofreciendo al Congreso como el ente local que manejaría los fondos. Rosselló, incluso, ha accedido de antemano a perder cierto control de los fondos permitiendo que FEMA autorice los desembolsos que haga esa oficina, y con ello, Mike Byrne, el coordinador federal para esta emergencia, ha dicho estar de acuerdo. Lo que tiene que procurar el gobernador es no perder todo el control de estos fondos.
Otro plato principal sobre la mesa con el cual tiene que lidiar el Gobierno local tiene que ver con la reforma contributiva que impulsa el presidente Trump en el Congreso. Tal y como está propuesta, la medida proyecta un arancel de un 20 % sobre los productos importados, lo que provocaría, según anticipan los economistas, un colapso del ya natimuerto sector industrial en Puerto Rico. La debilidad de la agenda de la isla en la capital federal sobre este tema radica en el mismo PNP. Y es que el gobernador y la comisionada residente andan con agendas separadas en lo que, a todas luces, es una lucha temprana de poder de cara a las elecciones del 2020. Por ahora, todo parece tratarse de visiones filosóficas distintas sobre cómo amortiguar el efecto de ese terrible impuesto. Un sector del PNP —el más radical/republicano— busca evitar que se reviva un equivalente a la fallecida sección 936 y, por consiguiente, que se le dé oxígeno al Estado Libre Asociado alejando aún más la agenda anexionista. Otro sector —el más moderado/demócrata— pretende que se aprueben medidas que no nos envíen por el precipicio económico inmediato. La agenda de Jenniffer González parecería tener más posibilidades por razones obvias, ya que está allí codeándose diariamente con los congresistas y ya parece tener un compromiso de Paul Ryan cuando el proyecto tenga que atenderse en un comité de conferencia ante la versión distinta que está aprobando el Senado. Si ello ocurre, están por verse las consecuencias sobre Puerto Rico.
Pero también estará por verse si la figura de Rosselló sigue debilitándose políticamente, tan temprano en el cuatrienio, ante nuestra delegada en DC. Ya es obvio que a González le interesa la gobernación y que coquetea con la idea de ir a primarias para las próximas elecciones si fuera necesario. Tanto así que esta semana le pasó factura a la delegación del PNP en la Cámara (sobre todo a los que ocupan posiciones de poder gracias a ella) y le pidió apoyo a su agenda en la capital estadounidense. González se aprovecha de la visible vulnerabilidad que ha demostrado Rosselló con el manejo de la emergencia en sus etapas más recientes.
Una unidad investigativa de The Economist anticipó que Puerto Rico será la peor economía de 2018. La mesa está llena para nuestros políticos y está por verse cuánto los comensales están dispuestos a compartir esfuerzos por el bien común, y cuánto algunos digerirán lo que hay en la mesa por la ambición personal.
