El pasado abril, el gobernador Ricardo Rosselló convertía en Ley la Oficina de Seguridad Pública. Y al hacerlo adelantaba —por lo menos en papel— una de sus promesas de campaña: reducir la estructura del Gobierno y fusionar agencias para mejorar su rendimiento y eficiencia. Esa oficina, que dirigiría el exsuperintendente de la Policía, Héctor Pesquera, llegaba con múltiples promesas: mayor eficiencia de las agencias de ley y orden, menor burocracia y menos gastos. Bajo ella debían operar el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado de Ciencias Forenses, el Negociado de Emergencias Médicas y Administración de Desastres, el Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE). La estructura prometía eficiencia, mejor gerencia y no afectar la respuesta y la actuación de los nuevos negociados.
Pero si algo parece haber demostrado el paso del huracán María, es que a pesar de que la idea puede ser buena en el discurso, es muy probable que en su ejecución la oficina no sea otra cosa sino un buen intento, o por lo menos, un gran cúmulo de preguntas sin respuesta. Para empezar, ¿ha sido la oficina lo que se esperaba en el contexto de la respuesta de emergencia tras el paso del huracán María? Según la opinión de expertos difundida por diversos medios de comunicación —como es el caso del exdirector de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias bajo Pedro Rosselló, Epifanio Jiménez— la respuesta es no. Según aseveran, la estructura, aun por definir, de la Oficina de Seguridad Pública trajo como consecuencia la colocación al mando del operativo de respuesta a personas cuya experiencia no estaba vinculada a la planificación y el manejo de desastres. Esto quizá como consecuencia de un asunto ampliamente advertido en las vistas públicas en las que se discutió el proyecto: que, en la ecuación, esclarecimiento de casos policiacos y lucha contra el crimen poco tienen que ver con el manejo de emergencias. Según Jiménez, las fallas incluyen incluso la no utilización del plan catastrófico de huracanes de la AEMED e incumplimiento del protocolo federal. A eso añadió que figuras con experiencia y conocimiento en el manejo de este tipo de emergencias fueron relegadas a un segundo plano a la hora de dar forma a la respuesta del Estado.
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A la pregunta antes formulada es preciso añadir otros cuestionamientos. A fin de cuentas, ¿qué es la Oficina en términos prácticos? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué etapa está la transición a la nueva estructura? ¿Hasta dónde llegan los poderes de los jefes de los negociados, como por ejemplo los de Michelle Hernández en la Policía? Estos últimos continúan a cargo de las operaciones de los negociados bajo las instrucciones de Pesquera. Todos cobrando sus salarios, a los que se añade el del propio Pesquera. A la luz de esa realidad, ¿dónde queda el plan para $28 millones en ahorros que se esperaban? ¿En qué etapa se encuentra el Centro de Capacitación y Desarrollo de Seguridad? ¿Ese centro sustituirá la academia de la Policía?
Es claro que el paso de María ha trastocado todos los rincones de la vida del país y, por su puesto, debe haber provocado retrasos en los planes del Gobierno, entre ellos la puesta en marcha de estructuras como la Oficina de Seguridad Pública. Sin embargo, las lecciones aprendidas tras María deben permitir el espacio para reevaluar y, si es preciso, descartar. Lo que no conviene se deja.
