Por: Denis Márquez
El huracán María trastocó significativamente nuestra realidad. El momento histórico exige cambios profundos en nuestra sociedad, infraestructura y en las abismales diferencias sociales y económicas que recrudecen la pobreza. Mas no debemos confundir la voluntad de aunar esfuerzos con la sumisión total a la voluntad del grupo mayoritario que gobierne. En momentos de crisis, los legisladores del PIP tienen la obligación de servir de contrapeso ante lo que pudiera producir un abuso de poder del Gobierno de turno en aras de atender una emergencia temporal. Es precisamente ahora que las protecciones legales a favor de las minorías deben salvaguardarse, no disminuirse. Desafortunadamente, el gobernador y la Asamblea Legislativa han optado por usar esta crisis humanitaria como subterfugio para adelantar fines políticos preestablecidos, en esta ocasión mediante uno de los proyectos de ley más peligrosos que se hayan presentado en nuestra Legislatura, el P. de la C. 1275, para crear la Ley del Nuevo Gobierno de Puerto Rico.
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Inicialmente, el proyecto pretendía delegar al gobernador, por una década, la facultad para “crear, suprimir, externalizar (léase, ‘privatizar’), agrupar, coordinar y consolidar agencias, funciones, servicios, programas y facultades de las agencias”. En vista pública conjunta de Cámara y Senado celebrada esta semana, nos enteramos de que la mayoría parlamentaria y funcionarios del Ejecutivo aparentemente llegaron a algunos acuerdos —secretos hasta el día de hoy— para enmendar esta medida dictatorial de manera que el gobernador pueda hacer exactamente lo mismo, pero mediante el mecanismo del plan de reorganización, el cual entraría en vigor si la Legislatura no lo impidiese afirmativamente. Es decir, como argumentaron quijotescamente la secretaria de Justicia, el secretario del Trabajo y el director ejecutivo de AAFAF, el proyecto pretende viabilizar un mecanismo para que se aprueben “tácitamente” medidas con fuerza de ley sin que se cumpla el procedimiento establecido en la constitución para ello. Pocas propuestas son tan patentemente inconstitucionales.
En respuesta a mis preguntas, la secretaria de Justicia se rehusó a contestar si el proyecto permitiría al gobernador privatizar corporaciones públicas, aduciendo que sería especulativo porque no sabía cómo quedaría redactado finalmente el proyecto. Sin embargo, validó la constitucionalidad de una medida cuyas enmiendas desconocemos. Los funcionarios intentaron validar el proyecto buscando apoyo en la capacidad del secretario de Hacienda de regular juegos de azar o del Tribunal Supremo de establecer aranceles para la presentación de escritos judiciales. Pero no hay que ser experto constitucionalista para darse cuenta de que la capacidad del secretario de Hacienda para establecer el Power Ball nada tiene que ver con la posibilidad de dar al gobernador carta blanca para hacer lo que le plazca con toda una rama de gobierno durante una década.
Es inconcebible que la mayoría parlamentaria esté dispuesta a abdicar sus prerrogativas constitucionales de esta manera. El proyecto podría facilitar la privatización de entidades gubernamentales sin participación efectiva de la Legislatura, afectando gravemente los servicios públicos y los derechos de las trabajadoras y los trabajadores.
Además, el proyecto está plagado de vicios constitucionales sobre los cuales los tribunales de justicia deberán pasar juicio. Si algo queda de la “constitución” que rige al Gobierno de Puerto Rico —por debajo del poder absoluto del Congreso, claro—, entonces esta ley no debería sobrevivir un ataque constitucional. La ilusión de un sistema republicano de gobierno en el que operamos todos no puede permitir que una de esas ramas meramente ceda sus poderes constitucionales a la otra.
