¿Solitos o con chaperona?

El Gobernador Ricardo Rosselló y su brazo en la Junta de Control Fiscal, Christian Sobrino, tenían razón. Ayer la jueza Laura Taylor Swain le dejaba claro a la Junta que —contrario a sus argumentos— no tiene el poder en ley para nombrar a Noel Zamot como síndico de la Autoridad de Energía Eléctrica. O lo que es lo mismo, la Junta no tiene poderes para gobernar de manera unilateral y dejar como figuras decorativas a la Junta de Gobierno de esa corporación y a su director ejecutivo. Si me preguntan, anticipaba este escenario. No desde un conocimiento en derecho —que no tengo—, sino desde el análisis de las actuaciones públicas de los protagonistas de la controversia. El primer exhibit que indica que la Junta temía este desenlace fue la retahíla de pedidos —directos e indirectos— hechos por Natalie Jaresko al Congreso de Estados Unidos para que “aclarara” o “enmendara” el lenguaje de PROMESA sobre el alcance de sus poderes. Es sencillo: no se pide aclarar lo que ya está claro. La jueza Taylor Swain despejó cualquier duda y, al hacerlo, el Gobierno local se anotó una importante victoria. Tras lo dicho por la magistrada, la Junta pierde en gran medida ese manto de “ente superior” e intocable con el que cobijaba, para bajar unos escalones en el Olimpo de las jerarquías y acercarse más a aquello de  “par” del Gobierno local al que, por lo visto, deberá consultar antes de imponer. Según Taylor Swain, PROMESA no crea las condiciones para colocar a un síndico sobre la AEE y, más importante aún, no le concede a la Junta  el poder para crear de manera unilateral nuevas estructuras administrativas en las agencias. Fortaleza se apunta una victoria, por lo menos temporal. Está claro que la Junta ha arreciado su cabildeo en el Congreso para lograr que el lenguaje de PROMESA sea más específico sobre su poder avasallador sobre el Gobierno electo y, si encuentra terreno fértil en el Capitolio federal, el juego podría cambiar. Pero mientras el hacha va y viene, si bien es cierto que Zamot y la Junta se quedarán vestidos y alborotados, ese hecho no elimina otro igualmente importante: los cuestionamientos sobre las decisiones y contratos recientes de la AEE siguen vivos. Son el principal asunto que ocupa la opinión pública, y la cancelación de esos contratos no supone la erradicación de la falta. De una total ausencia de presencia en los medios de Estados Unidos, Puerto Rico ha pasado a ser uno de los platos principales de la opinión pública gracias a los estragos causados por María. Y en semanas recientes, por las incongruencias relacionadas con el contrato con la compañía Whitefish. Tanto que son precisamente los cuestionamientos sobre el manejo de su contrato en la AEE la herramienta que utiliza la Junta en Washington para justificar una intervención directa en el manejo de los fondos de recuperación. Por lo mismo, y ante el indudable hecho de nuestra relación de total subordinación política con los Estados Unidos, el Gobierno local debe pisar firme y evitar cualquier cuestionamiento sobre el mal uso de los fondos de recuperación. La decisión de la jueza no solo deja claro que la Junta no tiene derecho a imponer un ente administrativo a la AEE. También aclara que la total responsabilidad administrativa de esa corporación pública reside precisamente sobre sus propias estructuras administrativas. La cancelación del contrato con Whitefish no ha puesto fin a la controversia y los señalamientos de potenciales irregularidades,  por lo que precisamente son la Junta de Gobierno de la AEE y su director los responsables directos de encarrilar las acciones de esa corporación por el camino de la eficiencia y la transparencia. Es su responsabilidad total y absoluta. Así que a ponerse las pilas. Resulta preciso hacer mucho más que cancelar un contrato para convencer “a los de allá” que “estamos grandecitos” y no necesitamos chaperona.