Por: Denis Márquez Lebrón
La devastación del huracán María provocó la pérdida de infinidad de bienes materiales, de infraestructura, de la energía eléctrica, además de resaltar una realidad de décadas en Puerto Rico: la pobreza y la desigualdad social. Diversos sectores, incluyendo la mayoría de la Legislatura, pretenden provocar nuevas pérdidas, como son restringir, mancillar e incluso eliminar derechos humanos, civiles y constitucionales.
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La obstinación, la negligencia y la estrategia del gobierno de mantener cerradas cientos de escuelas alrededor de toda la isla y utilizar excusas burocráticas para no abrir escuelas cuyas comunidades han demostrado que están listas, generan cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones del gobierno de mantenerlas cerradas, pero es también una patente violación al derecho constitucional y humano de miles de niñas, niños y jóvenes a su derecho a la educación. Cada día que se mantiene cerrada una escuela lista para abrir se golpea ese derecho y se traiciona a miles de familias. Incluso, la respuesta del gobierno a ese reclamo ha sido amenazas a los que protestan en esas escuelas por reclamar sus derechos, y el arresto de maestras y maestros cuyo “gran delito” es exigir que se respete y se ponga en función el derecho fundamental a la educación.
La libertad de expresión es otro derecho civil y humano fundamental. En Puerto Rico hemos dado grandes batallas para exigirlo y protegerlo. El Proyecto de la Camara 63, utilizando el subterfugio de la difamación, criminaliza ese derecho mediante enmiendas a un delito sobre expresiones abusivas con definiciones vagas y una amplitud excesiva, que incluso tiene un efecto disuasivo sobre la expresión, en particular cuando se trata de cuestionar, criticar a figuras públicas como son funcionarios del gobierno. Este proyecto también incide sobre la libertad de prensa al criminalizar la crítica y la objeción.
El huracán María también ha provocado conductas repugnantes y criminales de personas que han robado generadores de energías a familias, égidas y comercios. Esas conductas están claramente proscritas y condenadas en el Código Penal. Pero en un afán ya sea de protagonismo o de ser los “más duros de la película ”, se aprobó en la Cámara —con mi voto en contra una vez más- un proyecto para aumentar penas de delitos, sin entender que los delitos tienen que ser de carácter general y que aumentar, triplicar o cuadriplicar penas no es un disuasivo para nadie; aumentar penas y eliminarles a los jueces la discreción judicial de evaluar cada caso según sus circunstancias, es seguir contribuyendo a que la cárcel sea un “almacén de personas”, además de seguir promoviendo castigos crueles e inusitados tan condenables por todos aquellos que creemos en proteger y ampliar los derechos humanos.
Por otro lado, el derecho a labVivienda es un derecho de vigencia inmediata en estos días.
La pérdida de miles de familias de su hogar tras el paso del huracán, la tardanza e incluso abandono del gobierno en asistirlos, la realidad que muchas de esa viviendas en su construcción son un cuadro claro de diferencias económicas del país, los miles de casos de ejecución de hipotecas y de desahucios demuestran la precariedad de este derecho, cuya discusión es urgente en aras de garantizar y democratizar no solo el acceso a viviendas sino que sean seguras y habitables.
La agenda de proteger y fortalecer esos derechos humanos es amplia y continua. Es parte del trabajo y la jornada de los que aspiramos a una sociedad más digna, justa y solidaria.
