Hoy se cumplen 50 días desde que un huracán llamado María nos cambió la vida a todos. Nuestros días son distintos y el país ha cambiado de rostro: uno de constante supervivencia. Algunos momentos lucen esperanzadores y otros, lamentablemente, los más, están llenos de pesimismo.
Aquel día no se nos borrará de nuestra memoria. Yo me asomaba con miedo por la ventana de mi habitación viendo como la furia de los vientos del potente ciclón nos pasaba por encima; mis hijos y mi esposa encerrados en el lugar que habíamos designado para pasar la emergencia. Aquella bestia fue mucho más de lo que habíamos pensado. Las horas no parecían avanzar y el sentido de impotencia se apoderó de todos nosotros por más de 24 horas en el periodo más crítico. Desde entonces, ha sido otro el cantar. Puerto Rico es antes y después de María. Algo así como la historia bíblica. Del país antes de María no recordamos mucho, es como si nos hubiesen dado un restart en el que la computadora no acaba de poner a funcionar de nuevo su sistema operativo. Lo que vivimos hoy no figuraba en el imaginario boricua.
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Han sido 50 días en los que ha salido lo mejor y lo peor del país. Las muestras de solidaridad han sido elocuentes. Se han manifestado en nuestras calles, vecindarios y al nivel más amplio en barrios y pueblos enteros. Ha surgido ese optimismo, en ocasiones sin base, que nos caracteriza. También, en medio de la ansiedad que produce este prolongado escenario de caos, surge ese boricua que prende de medio maniguetazo, el que no es solidario y el que procura el bienestar de su entorno exclusivamente. Pero lo peor del país ha surgido desde las esferas del poder. Tras un impecable manejo público de la emergencia, después de 50 días, es obvio que el Gobierno ha perdido control. Han permitido que temas controvertibles, como los contratos nebulosos otorgados, opaquen el trabajo que pueda estar realizándose. El descontrol ha llegado a tal punto que el Gobierno de Puerto Rico está a punto de perder lo que tanto se espera: el manejo del dinero federal que se recibirá para acelerar la recuperación del país.
Se anticipa que el Congreso de los Estados Unidos tenga ante sí en los próximos días un paquete de ayuda para Puerto Rico que podría ascender a $20 mil millones. Sin embargo, la Junta de Control Fiscal creada al amparo de la ley federal Promesa ha pedido tener control absoluto sobre esos fondos. Lo peor para el Gobierno local es que los congresistas republicanos, la mayoría, parecen estar inclinados a enmendar la ley para concederle el poder solicitado. Si ello ocurre y el lunes, por otro lado, la jueza Laura Taylor Swain ratifica a Noel Zamot como síndico de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Gobierno de Puerto Rico habrá perdido el poco control que conserva en el manejo de esta crisis. Y no estamos hablando de un mero proyecto de recuperación, se trata de la agenda pública, que aun inesperada, será la única y más importante para Puerto Rico de ahora en adelante, sin un final a la vista.
Así las cosas, el Gobierno puertorriqueño está a punto de perder absoluto control del manejo de la emergencia y de la administración pública para lo que queda de cuatrienio. Tendrá que apelar el gobernador Rosselló al presidente Trump, con quien estratégicamente ha mantenido buenas relaciones, para evitar que eso ocurra. Si no, su cuatrienio habrá acabado, aun cuando, ante una desarticulada oposición política, pueda revalidar en 2020.
A 50 días del huracán, la mayoría del país sigue apagado. Se estiman en 100 mil los puertorriqueños que han abandonado la isla y en casi 40 % los negocios pequeños y medianos que no podrán reabrir. Un panorama que proyecta un futuro socioeconómico aterrador. El control en la administración pública, de quien sea, preferiblemente de quienes han sido electos por los puertorriqueños, es imperativo ya.
Han sido 50 años de suplicio y, lamentablemente, la cosa no promete ponerse mejor.
